Tribunal Supremo / Foto: Jaime Pozas
Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado Octavio Herrero por cumplir la edad legalmente establecida este 27 de diciembre.
Fuentes jurídicas indican a Europa Press que con la salida de Herrero sigue menguando la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que cuenta ya con un déficit de 10 magistrados; es decir, que en la actualidad está integrada por 23 magistrados en lugar de los 33 que debería tener –32 más el presidente–.
De cara al próximo año, la situación en esta Sala podría empeorar, ya que el 27 de marzo se jubilará también Inés Huerta. Y eso sin tener en cuenta que varios de sus integrantes suenan como posibles candidatos al Tribunal Constitucional (TC) por parte del CGPJ, que debe nombrar a dos.
Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, junto a la Sala de lo Social, es la que más afectada se ha visto por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras este funciones –como está desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y elegir a los 20 vocales que les corresponden–.
Además, ambas salas son las que acumulan la mayoría de las reclamaciones realizadas ante el Supremo por los efectos de la pandemia, desde reclamaciones laborales a administrativas. Las fuentes señalan que ello ha provocado un aumento de los casos a resolver justo cuando son menos magistrados, lo que se ha traducido en un atasco importante en ambas sedes.
Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el total de vacantes en la cúpula judicial alcanza ya los 70: 18 de ellos en el Supremo, 32 en los Tribunales Superiores de Justicia, 20 en las Audiencias Provinciales y 1 en la Audiencia Nacional.
Hace un año, en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el Alto Tribunal implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.
El documento hacía un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal –a la que la falta de cobertura de vacantes no le afectaba en el futuro inmediato– en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo es la más afectada por las vacantes. Le sigue la Sala de lo Social, que debería contar con 13 magistrados, presidente incluido. Sin embargo, hay cinco vacantes, entre ellas la de su última presidenta, María Luisa Segoviano, que se jubiló el pasado 20 de octubre. El 18 de julio lo hará también Rosa María Virolés.
Igualmente crítica es la coyuntura de la Sala de lo Militar, donde de los 8 magistrados que la integran habitualmente quedan 6, a los que el 7 de septiembre se sumará Fernando Pignatelli.
El problema al que se enfrentan desde hace tiempo las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo es que sus magistrados deben rotar para poder componer las secciones donde se deliberan y fallan los asuntos, una especie de pequeños tribunales que deben tener cinco magistrados.
Más desahogada es la situación de la Sala de lo Civil, donde solo hay una vacante, lo que implica que aún conserva a 9 de sus diez magistrados. Por ahora, la única intacta es la Sala de lo Penal, que mantiene a sus 15 magistrados. Sufrirá su primera baja el próximo 13 de abril por la jubilación de Miguel Colmenero.
Ante esta coyuntura, en el Supremo permanecen a la espera de dos cosas: un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; o que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es constitucional o no la citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
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