Banco Popular
De no haberse llevado a cabo la resolución de Banco Popular y haberse producido un proceso de liquidación, los depositantes de la entidad que entonces presidía Emilio Saracho se habrían visto afectados. En concreto, según el tercer informe de Deloitte publicado hoy por la Junta Única de Resolución (JUR), aquellos clientes con más de 100.000 euros en depósitos habrían perdido 14.000 millones en el escenario más desfavorable.
En el mejor de los casos y tras un periodo de siete años, los grandes clientes habrían reducido sus pérdidas a 3.300 millones, mientras que con la resolución salieron intactos, según recoge la agencia Efe.
En total, el Deloitte calcula que la liquidación de la entidad habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, por encima de los 11.400 millones que costó la resolución, y que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular.
En todos los escenarios de liquidación analizados en el documento se habrían perdido 9.400 millones en capital y 2.000 millones en deuda subordinada, igual que ocurrió en la resolución, así como otros 8.600 millones en instrumentos subordinados (deuda intragrupo).
Lo que varía en cada caso son las pérdidas que hubieran tenido que costear el resto de clientes.
En una liquidación en dieciocho meses, el periodo que prevé la ley concursal española y el más improbable según Deloitte, los clientes habrían perdido 8.000 millones en el mejor caso y 14.000 en el peor, es decir, entre el 33% y 54% del valor total de sus derechos, respectivamente.
En un periodo de tres años, el mínimo para liquidar activos de una manera eficiente según Deloitte, habrían perdido entre 5.800 y 11.500 millones (el 24% y 44%, respectivamente).
Con una reestructuración en siete años, a más largo plazo con el fin de obtener mayor recuperación para los clientes, las pérdidas habrían estado entre los 3.300 y 8.500 millones (el 13% y 33%, respectivamente).
Además, el informe señala que una liquidación habría afectado a los depósitos garantizados de la filial del Popular Banco Pastor, que habrían perdido entre el 29% y 35% de su valor, obligando a intervenir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Este habría tenido que aportar 1.780 millones de euros en el mejor caso y 2.165 en el peor para salvar los depósitos de menos de 100.000 euros.
Así, Deloitte concluye que “en un procedimiento de insolvencia ordinario no se habrían esperado recuperaciones para los accionistas y los acreedores subordinados afectados y, por lo tanto, no hay diferencia en el trato en comparación con la medida de resolución emprendida”.
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