Agentes federales en Minneapolis (Foto: Europa Press/Contacto/Dave Decker)
El dictamen, firmado por la jueza Katherine Menéndez, avala la continuidad de una operación que implica el envío de miles de agentes federales armados para la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados, y que ha generado una fuerte contestación institucional en varias ciudades del estado.
La jueza considera que no existe base jurídica suficiente para frenar de forma preventiva el despliegue federal del ICE en Minnesota
La demanda presentada por el fiscal general de Minnesota se apoyaba en la Décima Enmienda de la Constitución, que protege a los estados frente a injerencias indebidas del Gobierno federal. Ellison sostenía que la operación obligaba a desviar recursos policiales estatales y locales y socavaba la normativa de “ciudad santuario” vigente en Minneapolis y Saint Paul.
En una resolución de 30 páginas, Menéndez concluye que los precedentes citados por la Fiscalía estatal no son comparables con el caso actual. La magistrada subraya que los demandantes solicitan extender la jurisprudencia existente a “un nuevo contexto” marcado por un despliegue federal “sin precedentes”, pero estima que el encaje legal no es lo suficientemente claro.
El tribunal admite dudas sobre el uso de la fuerza, pero descarta una suspensión cautelar por falta de claridad jurídica
Aunque rechaza la paralización inmediata de la operación, la jueza deja constancia de serias preocupaciones sobre la actuación de los agentes. En su resolución, Menéndez apunta a indicios de motivaciones raciales y de uso excesivo de la fuerza durante algunas intervenciones del ICE.
No obstante, el tribunal considera que esas sospechas, en el estado actual del procedimiento, no permiten autorizar una suspensión preventiva de la operación Metro Surge, que seguirá activa mientras el caso continúa su tramitación judicial.
La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump, que autorizó el envío de unos 3.000 agentes del ICE y de Aduanas a Minnesota con el objetivo de intensificar las detenciones y deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
El recurso judicial fue presentado por Ellison antes de que se produjeran las dos muertes, y contó con la adhesión formal de los ayuntamientos de Minneapolis y Saint Paul, preocupados por el impacto social y policial del operativo federal.
El despliegue incluye a unos 3.000 agentes federales y ha provocado una fuerte fractura institucional en el estado
La Administración Trump celebró de inmediato la decisión judicial. La fiscal general federal, Pam Bondi, calificó el fallo como “otra gran victoria legal” del Departamento de Justicia y recalcó que ni las políticas santuario ni los litigios “infundados” detendrán la aplicación de las leyes federales.
En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el dictamen supone “una victoria para la seguridad pública y para la ley y el orden” en Minnesota.
La reacción fue muy distinta en el ámbito local. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó su “decepción” por la decisión judicial y afirmó que el fallo no borra “el miedo, las afectaciones y el daño” que la operación federal ha causado entre la población.
Frey confirmó que la ciudad mantendrá la demanda para exigir responsabilidades a la Administración Trump por la actuación del ICE y sus consecuencias.
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