En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora solicita al Congreso de los Diputados que le verifique que Cerdán renunció al acta de diputado, algo que hizo el pasado junio y que le supuso perder su condición de aforado, lo que permitiría a los juzgados madrileños investigar al que fuera ‘número tres’ del PSOE.
Según expone la resolución, los hechos se habrían cometido en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, donde señala que Cerdán “habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado”.
Así, detalla que las “preguntas eran claras”: “¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?, ¿tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?, ¿dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?, ¿tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?”.
Y, subraya la juez, “las respuestas del querellado también fueron claras”: “No, a todas las preguntas”, a pesar de que un informe del Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “revelaría lo contrario”.
“Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta” con Koldo, precisa, recoge la citada agencia.
Para la magistrada, un archivo de la querella en estos momentos “resultaría precipitado”, a la vista de que esa “desviación” en el relato de Cerdán «resultaría patente y manifiesta”, “faltando en su testimonio”.
En prisión desde el 30 de junio
Cabe recordar que Cerdán se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunto “papel principal” en la trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS) en el marco del ‘caso Koldo’, por la que también están imputados el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor.
