Imagen de un mercado de productos en Venecia
La relatora especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, ha considerado este viernes «inaceptable» la escasez de alimentos en Italia, al asegurar que muchas personas no tienen garantizada la comida y dependen de bancos de alimentos y organizaciones benéficas.
Tras una visita al país, Elver ha afirmado que Italia tiene un sistema alimento complejo, en el que alrededor de medio millón de migrantes trabajan en la agricultura con unas «duras condiciones laborales y salariales» y que los convierten en uno de los grupos «más vulnerables» del país.
Así, ha señalado que aunque Italia tiene un PIB estimado de 284.000 millones de dólares (más de 255 millones de euros) y es conocida por su industria y su capacidad de producción, hay «un lado oscuro».
La experta independiente, que acaba de terminar una visita de once días al país, ha explicado que «en la escena internacional, Italia es un país muy activo en la promoción de los Derechos Humanos, especialmente en lo que respecta al Derecho a la Alimentación, pero esto no se refleja a nivel nacional». «Para un país desarrollado, tales niveles de pobreza y carestía de alimentos son inaceptables», ha expresado Elver.
La experta ha subrayado que durante su viaje conoció a muchas personas que dependían de las organizaciones benéficas para comer como migrantes sin hogar e indocumentados, trabajadores agrícolas y familias con pocos recursos. «El Gobierno italiano debería entender que la caridad alimentaria no debe confundirse con el derecho a la alimentación», ha añadido.
TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA, EL GRUPO «MÁS VULNERABLE»
En este punto, la relatora especial de la ONU ha especificado que dentro del sector agrícola hay entre 450.000 y 500.000 trabajadores migrantes, que representan casi la mitad del sector.
«De norte a sur, cientos de miles de trabajadores cultivan la tierra o cuidan el ganado sin protección legal y social adecuada, con bajos salarios y viviendo con la amenaza constante de perder su trabajo, la repatriación forzada o de sufrir violencia física y psicológica», ha continuado.
Así, ha mantenido que con la Ley 199/2016 Italia intentó acabar con la explotación laboral, aunque «es incapaz de apoyar los derechos humanos de todos los trabajadores agrícolas, específicamente de los inmigrantes indocumentados, relegados a una condición de invisibilidad y miedo», ha apostillado Elver.
Además, la relatora ha considerado otros aspectos «inaceptables» como el abandono de productos contaminados en zonas rurales y los vertidos en aguas de ríos, así como el uso de fertilizantes tóxicos que se utilizan «sin las medidas de seguridad adecuadas».
Elver ha asegurado que existen mercados donde los agricultores deben aceptar precios demasiado bajos y ha alertado del aumento en la distribución a gran escala. «Las principales cadenas de distribución controlan la mayor parte del mercado agroalimentario, imponiendo precios bajos, que los pequeños agricultores no pueden igualar», ha sostenido.
La experta independiente ha asegurado que la aprobación en 2018 del decreto de seguridad e inmigración ha contribuido al aumento en el número de trabajadores migrantes indocumentados, acelerando la ilegalización de los solicitantes de asilo y estimulando «aún más el trabajo irregular sin ninguna protección». En estos momentos, se cifra en 680.000 el número de migrantes indocumentados, una cantidad que duplica a la de hace cinco años.
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