La crisis del Covid-19 ha golpeado con una dureza extrema a las residencias de mayores. Hasta el ejército tuvo que intervenir con más de 5.000 actuaciones en estos centros. Y es que esta pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias en estos servicios. Entre ellas, de atención sanitaria. Tanto, que ahora organizaciones como SATSE han puesto sobre la mesa cuál es la realidad de estas residencias: apenas hay una enfermera para 200 usuarios.
El Sindicato de Enfermería se hace eco de un estudio que advierte que actualmente solo hay 0,06 profesionales por cada cama. Esto se traduce en una media de personas mayores por cada enfermera o enfermero que supera los 100 residentes. Incluso, en algunas comunidades autónomas uno solo de estos profesionales se ve obligado a atender a más de 200 pacientes.
De ahí que vea “absolutamente necesario” reforzar las plantillas de profesionales que trabajan en este tipo de recursos de servicios sociales y, especialmente, las de enfermeras y enfermeros. Un incremento de sanitarios que “puedan liderar la necesaria coordinación y comunicación entre los ámbitos sanitarios y de servicios sociales” para conseguir “una mejor atención” a los mayores residentes.
Asimismo, este colectivo exige que, aunque no exista una obligación reglamentaria al respecto, todos los centros de mayores con menos de 50 residentes cuenten, “al menos”, con una enfermera o enfermero por turno. A esto hay que añadir, sostiene SATSE, es la realización de una auditoría exhaustiva e independiente a todos los centros, ya sean públicos, privados o concertados.
También la necesidad de establecer protocolos y normas básicas de obligado cumplimiento determinadas por la autoridad ministerial correspondiente, “en aspectos tales como la atención sanitaria, higiene, alimentación, ocio y tiempo libre, ejercicio y apoyo psicológico de los residentes”.
Muchas de estas medidas ya se defienden en la Ley de Seguridad del Paciente impulsada por esta organización sindical, a través de una ILP, y que, tras lograr más de 660.000 apoyos entre profesionales y ciudadanos, está en el Congreso de los Diputados para su debate y posible aprobación.
