Florent Marcellesi, Eurodiputado del Parlamento Europeo
“Casi un tercio de las sustancias químicas presentes en el mercado de la Unión Europea desde 2010 son potencialmente peligrosas para la salud humana y constituyen una violación de la legislación de la UE, que obliga a las compañías químicas a informar a previamente a las autoridades competentes datos reglamentarios sobre su toxicidad, fertilidad o desarrollo neurológico”.
Estos resultados alarmantes surgen de la investigación detallada que durante tres años ha realizado la MBU (Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente) y el BfR (Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos), un estudio del que informa Equo y del que se concluye que durante años, las empresas químicas han podido comercializar cientos de productos sin proporcionar previamente a las autoridades competentes la información a la que les obliga la directiva comunitaria.
El partido verde que explica que según este informe sólo el 31% de los productos químicos cumple con reglamento REACH, Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos) que entró en vigor el 1 de junio de 2007 mientras el último tercio aún necesita ser investigado a fondo. Un reglamento comunitario que obliga a los fabricantes e importadores a dar la información precisa sobre las propiedades peligrosas y los posibles riesgos de su uso.
Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en el grupo Verdes/ALE alerta que “la gravedad de este escándalo está a la altura del Dieselgate. El fracaso generalizado de las autoridades públicas y el incumplimiento grave de sus obligaciones con respecto a una industria mafiosa son los principales ingredientes de este nuevo escándalo.
“La facilidad con la que esta industria ha podido comercializar sus productos sin cumplir con las leyes es desconcertante” en opinión el eurodiputado de Equo, que se queja de que “na vez más, parece que la Comisión Europea, los Estados miembros y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) han sido, como mínimo, leves ante una situación alarmante y no han sido capaces de garantizar el cumplimiento de la legislación para la protección de los ciudadanos”.
“Todos sabemos hoy en día las desastrosas consecuencias para la salud de la exposición a sustancias químicas: cánceres, trastornos del sistema hormonal, enfermedades respiratorias, problemas de fertilidad, retrasos en el desarrollo. El no actuar o no castigar sería un delito”, afirma Marcellesi, que considera “podemos seguir aceptando que la ley se considere sistemáticamente como una carga administrativa que obstaculiza la competitividad. Esta visión cortoplacista es insostenible: además de no proteger a los europeos y a nuestro medio ambiente, obstaculiza el dinamismo económico y la innovación”.
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