Donald Trump
La sentencia del Tribunal de Comercio Internacional representa un duro golpe a la política arancelaria que Donald Trump impulsó durante su presidencia bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). El fallo no solo bloquea aranceles que afectaban a países como China, México y Canadá, sino que también establece un precedente legal importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
El tribunal ha considerado que la IEEPA no otorga al presidente una autoridad ilimitada para imponer tarifas comerciales sin la autorización del Congreso. En concreto, la sentencia bloquea los aranceles del 30% sobre productos chinos, los gravámenes del 25% a bienes mexicanos y canadienses, y las tarifas globales del 10%, todas justificadas por la Administración Trump como medidas para frenar el tráfico de fentanilo y la inmigración irregular.
Todo el sistema de aranceles del Día de la Liberación y otras medidas aplicadas bajo la IEEPA ha sido declarado “ilegal y prohibido” por una orden judicial permanente
El fallo establece una medida cautelar permanente que congela la aplicación de estos aranceles, antes incluso de que el Gobierno federal logre un nuevo acuerdo con los países afectados. El tribunal ha dado un plazo de diez días para que las agencias competentes implementen la suspensión.
Sin embargo, la medida no afecta a los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio, ya que estos están amparados por la Ley de Expansión Comercial y no por la IEEPA.
La Casa Blanca ha reaccionado asegurando que apelará la decisión, al considerar que los aranceles eran necesarios ante una supuesta «emergencia nacional» provocada por los déficits comerciales. El portavoz Kush Desai ha criticado que «jueces no electos» interfieran en decisiones de seguridad económica nacional.
La sentencia fue emitida por un panel de tres jueces designados por Ronald Reagan, Barack Obama y Joe Biden, lo que le otorga una legitimidad transversal
El caso fue presentado por el Liberty Justice Center, un centro legal independiente que representó a cinco empresas perjudicadas por los aranceles. Las compañías alegaron que las tarifas provocaron pérdidas económicas considerables y vulneraron el principio de separación de poderes.
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