Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia, que fueron secretarias generales de la Cámara con presidentes del PP, las que inciden en esas dudas, “aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente” y subrayando “la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales”.
En uno de los párrafos, las letradas señalan que “se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular”. Esto, continúa, “puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley”, según Europa Press.