El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha decidido rechazar los argumentos de la Fiscalía y ha abierto una investigación por las cargas policiales sucedidas el pasado domingo en distintos puntos de Cataluña.
El juez considera que hubo “afectación de la normal convivencia, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana”.
La investigación, adelantada por Europa Press, determinará si la alteración en la convivencia fue culpa de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional o de los manifestantes, o por una combinación de ambos.
La fiscalía ha insistido en que el evento celebrado el pasado domingo (1-O) era ilegal y que las fuerzas de seguridad solamente se aplicaron para evitar su celebración. No obstante, el juez destaca que ilegal era la convocatoria pero “no es ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por una administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó (…) a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado incluido depositar un papel sin valor legal en una urna”.
Por otro lado, la investigación determinará si el uso de la fuerza empleada por la Guardia Civil y la Policía Nacional fue proporcional o no.
Por todo ello, como relata Europa Press, el juez ha abierto una treintena de piezas separadas -una por cada centro de votación– desde la que se irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda.
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