Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias.
Por el momento, de acuerdo a las mismas fuentes, las diligencias de investigación están declaradas secretas. Según ‘El Confidencial’, entre las primeras diligencias ordenadas por el juez Juan Carlos Peinado está la citación de varios testigos.
La denuncia, según el citado medio, apunta a la existencia de delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, de particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades “prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este” para conseguir un beneficio.
Sobre el delito de corrupción privada, señala que se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y persigue a quienes “prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros”, así como a quienes “reciban, soliciten o acepten” esos beneficios o ventajas.
Sánchez ha salido al paso de la noticia. “En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia”, ha afirmado en el Congreso.
