Ayuntamiento de Madrid
La causa se dirige contra la empresa Sinclair and Wilde y su reapertura se produce como consecuencia del informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022 se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra.
En el auto, el juez señala que “ante una nueva pista sobre el posible paradero de la persona que habría actuado como intermediaria en la operación de compra, procede la reapertura de las actuaciones, y practicar nuevas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, y la determinación de sus autores”.
Fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Funeraria se personarán en el procedimiento judicial en calidad de perjudicados.
El pasado mes de abril, la Policía Judicial informó al juez de la identificación de un posible autor de la presunta estafa en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño.
Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.
El sumario de la causa contra Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, “incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos”.
Al parecer, el juez abrió unas diligencias, pero el pasado 19 de julio procedió a su archivo ante la falta de autor conocido ante el paradero desconocido del dueño de la citada consultora.
El pasado 12 de abril, la Policía Judicial remitió un oficio al magistrado en el que informaba de la identificación del posible autor de la estafa. Por ahora, el instructor estudia si reabre o no el procedimiento.
El consejo de administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2.
La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que, tras varias incidencias, las mascarillas llegaron “algunas semanas más tarde” y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas. Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante Juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.
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