El juez Brendan Hurson ha paralizado la medida tras una demanda colectiva presentada por personas trans y familias de menores, que argumentaron que la orden ejecutiva es «ilegal» debido a que Trump no tiene autoridad para retener fondos federales aprobados por el Congreso y que además viola la Quinta Enmienda.
El abogado principal en temas LGTBI de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Joshua Block, ha asegurado que la orden «ha sembrado miedo entre los jóvenes trans», así como «confusión» entre los proveedores de servicios sanitarios.
«Los proveedores que han suspendido la atención médica para sus pacientes trans no deben tener ninguna duda de que pueden levantar dichas suspensiones y seguir brindando servicios médicos, así como actuar según su mejor criterio sin arriesgar su financiación», ha agregado en un comunicado.
La orden ejecutiva firmada por Trump prohíbe concretamente que los fondos federales financien atención médica relacionada con la transición de personas trans, incluyendo bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales o cirugías de reasignación de sexo para menores de 19 años.
