Un informe apunta que el Popular ocultó la financiación de acciones para manipular su solvencia

Un dictamen pericial presentado por los grandes fondos a la causa penal que investiga la resolución del Banco Popular concluye que, durante la ampliación de capital de 2016, existió una estrategia orientada a ocultar la financiación a clientes en la compra de acciones para asegurar de este modo el éxito de la operación e incrementar irregularmente la ratio de solvencia.

Según recoge Europa Press, el documento presentado por Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital ante el Juzgado de Instrucción número 4 cita un informe de 23 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hace referencia a dicha financiación de la compra de acciones.

Así, señala que el ex consejero delegado de Popular Francisco Gómez Marín, que declara este martes en la Audiencia Nacional como investigado, transmitió instrucciones verbales a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes que acudieran a la ampliación, unas indicaciones que se comunicaron a toda la red de sucursales.

Aunque la financiación para la compra de acciones propias no es necesariamente una actividad irregular, sí lo es no deducirla de los recursos propios computables, ya que esto altera la ratio de solvencia, como sucedió en el caso de Banco Popular, según apunta el informe, que también reprocha que el banco transmitiera al mercado la existencia de una importante demanda de acciones por parte de los inversores, cuando en realidad la misma “estaba condicionada por la propia entidad al facilitar la financiación de las compras”.

El banco identificó el 3 de abril de 2017 una financiación de acciones propias de 205 millones de euros que no había sido adecuadamente deducida de los recursos propios computables, una cifra que elevó a 284,6 millones a 30 de junio de 2016 tras varios requerimientos de la CNMV y que PwC incrementó hasta 378 millones de euros, lo que supondría el 15% de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros.

El documento presentado al Juzgado, elaborado por las consultoras FTI Consulting y Forensic, concluye que “habría existido una estrategia intencional orientada a ocultar una importante financiación propia a clientes para la suscripción de acciones propias en la ampliación de capital de 2016 con el fin, por un lado, de asegurarse el éxito de la misma y, por otro, de incrementar irregularmente la ratio de solvencia”.

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