Un ex ejecutivo del Popular reconoce que tenía sospechas de que se financió la ampliación a clientes

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 investiga la sucesión de hechos que propiciaron el desmoronamiento del Popular hasta que el Santander lo compró por un euro. En concreto, indaga las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a la prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El juez citó a Rubio como imputado para preguntarle si el Popular dio financiación a clientes suyos para que se sumaran a la ampliación de capital de más de 2.500 millones de euros sin que posteriormente se restara del capital regulatorio, ya que en un informe de 2017 enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los vicesecretarios del Consejo de Administración indicaron que el entonces jefe de ‘compliance’ tuvo constancia de ello.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Rubio ha contado al magistrado que, efectivamente, sospechaba que así fue. Primero, por las líneas de financiación concedidas a clientes y a empleados, si bien ha matizado que formalmente no figuraba que fueran para la ampliación de capital y que no pudo determinar para qué se usaron en realidad.

Colgarse una medalla

Y, en segundo lugar, porque su hermano, que trabajaba en una empresa cliente del Popular, le había comentado que el banco había ofrecido esta ayuda a la compañía para formar parte de la ampliación de capital.

Ante estos indicios, ha explicado al magistrado, Rubio se puso en contacto con directores regionales. Creía que alguno podría haber acudido a esta maniobra para colgarse una «medalla» de cara a sus superiores jerárquicos.

Sin embargo, el ex director de Cumplimiento Normativo ha reconocido que nunca llegó a confirmar sus sospechas porque allí donde preguntaba, incluidos los directores regionales, se le aseguraba que no había tal financiación.

No estaba bien formado

Por otro lado, en su declaración Rubio habría reconocido que su formación no estaba relacionada con el Cumplimiento Normativo y que no recibió ningún curso o instrucción acerca del cargo que desempeñó hasta septiembre de 2016.

Como director de Cumplimiento Normativo, Rubio asumió la interlocución con el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España por actuaciones iniciadas por estos organismos.

Después de un año y tres meses en ese puesto, Rubio pasó a ser director general de negocios especializados de la entidad. Esta ha sido una de las cuestiones abordadas por el juez, que le ha preguntado si no se planteó entonces preguntar a algún compañero sobre la financiación para la ampliación de capital.

Concretamente, según las fuentes consultadas, Calama habría preguntado a Rubio si el Popular financió a algún empleado del grupo Villar Mir. El exdirectivo ha descartado que tuviera alguna relación con la empresa o que tuviera trato con alguno de sus trabajadores.

Otra declaración el próximo 14 de octubre

Su declaración llega unos días después de que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, reconociera el pasado jueves ante el juez que la autoridad tenía indicios desde 2014 sobre la problemática del banco, al tiempo que negó que sus declaraciones en Bloomberg tuvieran relevancia o afectación a la fuga de depósitos de la entidad.

Entonces, el magistrado preguntó a König por unas declaraciones realizadas en esa cadena el 13 de mayo de 2017, en las que señaló que el Banco Popular era uno de los casos que estaban estudiando. La presidenta de la JUR se escudó en que no se refería en concreto a la entidad española, sino a varios bancos que el organismo estaba monitorizando en ese momento.

Además, el magistrado le interrogó acerca de la filtración a Reuters ocho días más tarde de su entrevista y relativa al riesgo de liquidación para la entidad. La presidenta de la JUR señaló que la institución inició una investigación interna para determinar si esa información salió de dentro. König, además, se mostró segura de que la filtración no la realizó ningún integrante de su equipo.

Ese mismo día estaba prevista la declaración del exdirector de planificación de la resolución de la JUR Dominique Laboureix, pero tuvo que aplazarse hasta el próximo 14 de octubre por la demora en la intervención de König.

Calama sitúa a Laboureix como el directivo que gestionó directamente la resolución del Popular. Además, su testimonio podría esclarecer cuestiones sustanciales de dicho proceso, así como proporcionar información sobre las filtraciones a la agencia Reuters. Se trata de la segunda vez que se aplaza la declaración del exdirector, que tampoco pudo comparecer ante el juez el pasado 22 de julio.

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