Ayuso y Zarzalejo participan en una reunión sobre la crisis educativa en Madrid.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha anunciado esta semana la aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF) 2025-2028 ante la “situación déficit” en la que se encuentra el centro. La universidad cerró el ejercicio 2024 con “un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones de euros, lo que hace necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio”.
Este “desequilibrio”, afirma en una nota, se debe a “factores estructurales y a una financiación que no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos”. “Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%”, destaca el rector, que explica que “una parte importante de este incremento corresponde a gastos sobrevenidos y difícilmente controlables por la universidad”. En este sentido, alude a un “aumento significativo del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales, que han impactado de forma directa en nuestras cuentas”.
Ante este escenario, se va a aplicar hasta 2028 un plan “progresivo”, que incluye una serie de medidas de “eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios”. “También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS)”, detalla.
Las medidas acordadas en lo relativo al personal “no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad”. Por su parte, “en lo relativo al PDI, se mantiene el programa de estabilización del profesorado y, en la medida de lo posible, su promoción”.
“Respecto al PTGAS”, continúa, “se impulsará el rejuvenecimiento de la plantilla, la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios que sostienen la actividad universitaria”.
Este jueves, los alumnos y alumnas de más de una veintena de institutos de localidades del sur de la comunidad han sido llamados a una huelga ante la “degradación y abandono” que vive la educación pública en la región.
“A la falta de profesorado y las aulas masificadas se suma el deterioro de las infraestructuras que ha provocado una situación de emergencia real en muchos centros”, denuncia el Sindicato de Estudiantes, que señala la “falta de personal no docente”, “calefacciones que no funcionan”, “techos que se caen” o la existencia de goteras en los centros.
“¿Cómo podemos estudiar en condiciones dignas si nuestras instalaciones están inundadas? ¿Si nuestros profesores están desbordados? ¿Si pasamos frío en las aulas y nos sentamos bajo goteras? ¿Cómo se puede esperar que recibamos una educación de calidad si no hay personal no docente en nuestros institutos?”, son algunas de las preguntas que se hacen.
Según el comunicado del Sindicato de Estudiantes de este paro, “esto se debe a una política consciente de recortes, infrafinanciación y privatización de los servicios públicos”. “Lo que sucede en nuestras aulas es lo mismo que sucede en la universidad, en la sanidad pública, en nuestros polideportivos o bibliotecas”, critica, antes de apuntar directamente al PP y a la presidenta autonómica. “Es la política del Partido Popular y Ayuso, que destruye la educación pública para convertirla en un negocio”.
En plena crisis por el cese de Viciana y la marcha de varios diputados, el Ejecutivo popular ha anunciado que paraliza la polémica Ley de Universidades. Y lo ha hecho, tras mese de movilizaciones por parte del estudiantes, sindicatos y demás colectivos, que rechazan el plan de la Comunidad de Madrid.
La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid queda, por tanto, en el aire y será una de las tareas a abordar por la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.
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