La tormenta de octubre de 2024 arrasó municipios como Paiporta, Catarroja y Torrent, donde las riadas destruyeron miles de viviendas. Doce meses después, la investigación de Amnistía Internacional concluye que la falta de planificación urbanística y la inacción institucional mantienen viva la amenaza. En un contexto de fenómenos meteorológicos cada vez más graves, los municipios valencianos siguen construyendo en suelos catalogados como inundables, lo que multiplica el riesgo de desastre.
La Dana de 2024 demostró que los planes vigentes no bastan y que el urbanismo continúa avanzando sobre el riesgo
Urbanismo exprés y un plan pendiente de revisión
El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA), aprobado en 2003, debía haberse actualizado tras la catástrofe. Sin embargo, la revisión sigue bloqueada. Este instrumento regulaba la edificación en zonas de riesgo y permitía a los municipios imponer restricciones, pero la Dana de 2024 superó todas las previsiones. A pesar de ello, la Generalitat Valenciana ha impulsado lo que Amnistía describe como un “urbanismo exprés”, que flexibiliza los trámites para nuevos desarrollos en municipios aún marcados por las riadas.
La organización advierte que 600.000 personas viven en áreas inundables en la Comunidad Valenciana. Solo en Paiporta y Catarroja existen 16.775 viviendas ubicadas en zonas de riesgo directo.
Lejos de aprender de la tragedia, las autoridades han mantenido un modelo urbanístico que ignora las advertencias técnicas
Desinversión hidráulica y falta de prevención
El informe también señala la drástica reducción de inversiones hidráulicas, que cayó un 83% entre 2006 y 2021, debilitando la capacidad del territorio para contener crecidas. Esta desinversión, sumada al crecimiento urbano sin control, ha dejado a la región más expuesta que nunca.
La falta de infraestructuras y la expansión urbanística son una combinación letal frente al cambio climático
La Generalitat reconoce en su propio plan de reconstrucción que el territorio carece de defensas suficientes para gestionar el riesgo, pero aún no ha ejecutado una estrategia de adaptación integral. Mientras tanto, la revisión del PATRICOVA sigue pendiente y el Gobierno central tampoco ha actualizado las normas estatales sobre gestión de inundaciones ni la cartografía de peligrosidad.
Ayudas insuficientes y desigualdad social
La Dana también destapó una profunda crisis de vivienda. El sistema de ayudas ha sido “insuficiente y desigual”, según el informe, afectando especialmente a personas migrantes y familias en situación precaria. Cerca de 60.000 personas migrantes afectadas por la riada encontraron “barreras estructurales” para acceder a las ayudas, como la falta de empadronamiento o contrato de alquiler.
Un año después, el derecho a una vivienda adecuada sigue sin estar garantizado para miles de familias afectadas
En municipios como Torrent, Aldaia o Paiporta, el parque de vivienda social es mínimo: 8 viviendas en Paiporta, 22 en Aldaia y 65 en Torrent. La mayoría de los realojos temporales se han hecho en otras localidades, lejos del entorno laboral o escolar de las familias.
Datos clave sobre la Dana en Valencia
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Víctimas mortales | 237 personas |
| Población en zonas inundables (C. Valenciana) | 600.000 personas |
| Viviendas en riesgo (Paiporta + Catarroja) | 16.775 viviendas |
| Caída inversión hidráulica 2006–2021 | -83% |
| Vivienda social ofrecida (Estado + Generalitat) | 591 unidades totales |
| Vivienda social ocupada | Menos del 60% |
El reto pendiente: prevenir antes de lamentar
Amnistía Internacional exige paralizar todos los proyectos urbanísticos en municipios afectados hasta aprobar la revisión del PATRICOVA con una cartografía de riesgos actualizada. También reclama reformar las normas estatales sobre gestión de inundaciones y aumentar el parque de vivienda social para garantizar la recuperación de las familias.
El cambio climático hace inevitables nuevas tormentas, pero las muertes no son inevitables si se planifica con responsabilidad
El informe concluye que sin planificación territorial ni políticas de vivienda adecuadas, la próxima tormenta volverá a castigar a los más vulnerables. Un año después de la tragedia, el sur de Valencia sigue viviendo bajo la amenaza del agua… y de la inacción.
