BBVA
Se trata de la primera vez que el Gobierno emplea el mecanismo de la consulta pública para una operación de este tipo. No obstante, es habitual en el ámbito normativo.
Fuentes del Ministerio de Economía explican a Europa Press que ahora mismo todas las respuestas están siendo “depuradas”, como sucede en cualquier consulta pública. Una vez se cierre hoy la consulta, seguirá el proceso de depuración y se analizará toda la información y comentarios aportados.
El ministro Cuerpo tiene hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros. En este paso, el Consejo dispone de un mes para decidir si aprueba la operación en los términos aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si pone condiciones adicionales a los compromisos planteados por BBVA. La legislación no contempla que el Gobierno pueda bloquear la operación en este procedimiento.
Sólo cuando el Gobierno agote su papel será cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto. Tras lo cual, BBVA tiene que decidir el periodo de aceptación de la OPA, que puede ir de 15 a 70 días, según la normativa.
A diferencia del proceso que se abrió en la CNMC, donde únicamente podían personarse entidades afectadas por esta operación, la consulta del Ministerio también abarca a ciudadanos particulares y permite que estos (además de asociaciones y organizaciones económicas) puedan expresar sus comentarios u observaciones. Además, como ahora mismo el foco se ha ampliado a cuestiones ajenas a la competencia, se podrán expresar sobre cuestiones relacionadas con el interés general o de otra índole.
En su momento, la CNMC registró 79 solicitudes de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio. El regulador las rechazó todas con la excepción de la de Banco Sabadell.
Esta misma semana, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, defendió en el Congreso de los Diputados que “el hecho de que una entidad no haya sido admitida como interesada no implica que no haya sido escuchada” durante el proceso, recoge la citada agencia.
“La condición de interesado implica ese acceso al expediente y a una situación de especial relevancia en el procedimiento que debe estar justificada por una situación cualificada derivada de un interés legítimo y directamente relacionada con el procedimiento tal y como han interpretado los tribunales”, apostilló.
El 30 de abril, la CNMC emitió su informe en el que aprobó en fase 2, con compromisos, pero por unanimidad, la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell.
Competencia detectó riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios prestados a particulares, como pymes y autónomos, así como en mercados de medios de pago, aunque consideró que los compromisos propuestos por BBVA son “adecuados, suficientes y proporcionados” para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia.
En concreto, la CNMC acordó con BBVA una serie de compromisos (‘remedies’ en la jerga) para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia.
La mayoría de los compromisos tendrá una duración de tres años (36 meses), prorrogables por otros dos años más en el caso del crédito a pymes; y de año y medio (18 meses) en el caso de los cajeros.
La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos durante el tiempo estipulado y BBVA deberá informar a Competencia en los plazos acordados para ello.
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