“En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”, advierten desde el Ejecutivo. Todo un ultimátum del presidente del Gobierno a Jorge Azcón, Adrián Barbón, Marga Prohens e Isabel Díaz Ayuso.
Según detallan desde Moncloa, “la Ley Orgánica 2/2010 (reforma 2023) obliga a todas las CCAA a crear un Registro de Objetores” y recuerdan que el Consejo Interterritorial del SNS aprobó en 2024 el protocolo “por unanimidad, y es de obligado cumplimiento”.
“La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley” y “el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”
Con este requerimiento, el Gobierno afirma que da “un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.
