Sede de UGT en Madrid
UGT ha valorado positivamente las medidas aprobadas en materia de vivienda por la crisis del coronavirus y ha pedido al Gobierno que estas sean permanentes.
De hecho, la organización sindical que lidera Pepe Álvarez ha resaltado que se trata de una serie de medidas sociales demandadas «insistentemente» desde UGT desde mucho antes de esta crisis sanitaria.
El sindicato ha recordado que en los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se constata que casi el 70% de los desahucios realizados en el cuarto trimestre de 2019 fueron por la imposibilidad de hacer frente al pago de un alquiler.
UGT cree que estas medidas pueden ayudar a paliar el problema de un derecho básico a una vivienda digna y adecuada, «máxime en una situación de incertidumbre como la que vivimos».
No obstante, ha dejado claro que, una vez pase esta situación, se debe seguir garantizando este derecho básico a la vivienda. Así, ha recordado que, antes de esta crisis, las organizaciones sindicales presentaron una iniciativa sindical por el derecho a una vivienda digna.
En esta, aparte de otras medidas, se recogía la necesidad de una mayor inversión pública de vivienda, la limitación del precio de los alquileres en las zonas tensionadas o la creación de un potente parque de viviendas públicas, preferentemente en alquiler, entre otras medidas.
Además de la suspensión del pago de la cuota hipotecaria para deudores en situación especial de vulnerabilidad, UGT cree que se hace necesaria también una regulación para las familias que viven en alquiler.
«Bien es cierto que las partes en conflicto son distintas, pues si en el pago de la hipoteca el acreedor es un banco, en el caso de los alquileres el arrendador, suele ser en más del 85% de los casos una persona física», ha resaltado el sindicato, que cree que el Gobierno ha sabido conjugar de manera ponderada los intereses de ambas partes.
También propone que para poder acceder a la moratoria, sea exigible el cumplimiento de, únicamente, uno de los requisitos. Además, cree que se debe tener en cuenta el papel que van a jugar las comunidades autónomas, ya que son las destinatarias de los fondos públicos del Plan Estatal de Vivienda y, por lo tanto, quienes van a tener que publicar las ayudas, determinar los supuestos de vulnerabilidad económica y social y la adjudicación de las mismas.
Por este motivo, el sindicato exige «la mayor celeridad posible» en su publicación, tramitación y adjudicación, con suficiencia económica, evitando la concurrencia competitiva en favor de la adjudicación directa a las familias vulnerables que en estos momentos lo necesitan.
Por último, UGT ha apuntado que echa en falta una regulación normativa referida a las viviendas sociales propiedad de las distintas administraciones públicas (un 2% del total de las alquiladas), ya que en estos supuestos cree que debe aplicarse una condonación total de la deuda, por el carácter de personas vulnerables que residen en las mismas.
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