La rentabilidad media anual de los fondos de pensiones entre 2001 y 2016 fue tan sólo del 2,03%, un porcentaje escaso que se explica, según denuncia UGT en un comunicado, por las elevadas comisiones que se pagan al contratar este producto que en muchos casos superan el 2%. Solo por este concepto entre 2002 y 2008 las entidades financieras duplicaron sus beneficios, pasando de 563 millones de euros a más de 1.000 millones, según los cálculos del sindicato.
A esta reducida rentabilidad se une la escasa información que ofrecen las entidades financieras. En este sentido, UGT considera que no informan adecuadamente a sus partícipes ni de la gestión activa (compras y ventas), ni de la cuantía de las comisiones que pagaron, ni tampoco de la rentabilidad de mantener inactiva la cartera. Por tanto, señala el sindicato, es difícil mantener una razonable confianza en sus expectativas de evolución, ante la escasa información, y con la alta volatilidad de las gestiones de cartera.
“Resulta llamativo que sean las entidades financieras, que acaparan los planes de pensiones, las que presionan al Gobierno para que haga públicas las estimaciones de evolución de la cuantía de las pensiones públicas”, afirma UGT.
Para la organización que dirige José María Álvarez, existen “tres graves amenazas sobre las que el sistema financiero guarda absoluto silencio”. La primera de ellas se refiere al sistema de protección fiscal “que no solo discrimina a quienes aportan rentas más reducidas, sino que genera una situación grave de solidaridad invertida, por cuanto la ciudadanía deja de disponer de significativas cantidades de recursos públicos -vía impuestos- en favor de mejoras de la posición de renta de quienes más tienen”.
De hecho, sostiene UGT, los datos desagregados de 2012 muestran que la ventaja tributaria permitió reducir en 5.600 millones la base imponible agregada de los contribuyentes y más de la mitad de esa cifra benefició a declarantes con sueldos superiores a 42.000 euros anuales. Además, la Comisión Europea ha denunciado el carácter regresivo de la fiscalidad de los planes de pensiones -cuanto mayor es el nivel de renta, mayor es el ahorro fiscal- y ha recomendado por ello la supresión total de la exención en el IRPF de las aportaciones.
La segunda amenaza que cita el sindicato es que la legislación sobre planes de pensiones no permite garantizar rentabilidad alguna a las aportaciones.
Por último, critica la ausencia de un organismo regulador, eficaz y específico, para garantizar la transparencia del mercado de pensiones privadas y de la protección de los consumidores financieros en caso de insolvencias: “No deja de sorprender que se quiera convencer al ‘ahorrador asustado’ por su menguada e incierta pensión pública de que se refugie en los fondos de pensiones privados, pero se ‘olvide’ el pequeño detalle de decirle que no tiene completamente asegurado el cobro”.
UGT considera que el Gobierno podría haber evitado el déficit de la Seguridad Social con otro tipo de políticas y que la “insostenibilidad” del Sistema no es real, sino que persigue un propósito fomentar los planes privados de pensiones.
Al respecto, explica que la reforma laboral de 2012 ha precarizado el empleo y los salarios, sin precedentes en nuestra democracia, lo que ha hecho que las cotizaciones sociales caigan a mínimos. Por otra parte, se carga a la Seguridad Social muchas cuestiones que no le corresponden, como subvenciones a las empresas para la contratación (que se han demostrado totalmente ineficaces y que no deben pagarse con nuestras cotizaciones).
Por todo ello, el sindicato exige que se clarifiquen las cuentas de la Seguridad Social y que el Gobierno atienda las propuestas sindicales para acabar con el déficit actual. Además, insiste en la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012 y la de las pensiones de 2013, que “empobrece a los pensionistas presentes y futuros y aposar por un sistema público, viable y consensuado, a través del diálogo social y el Pacto de Toledo”.
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