UGT afirma que el dato del IPC adelantado muestra la “imperiosa necesidad” de aumentar los salarios

Desde el sindicato, además, han señalado que este dato, si se compara con la subida de un 1,54% de los salarios por convenio hasta el mes de julio, evidencia un 1,76% de pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores españoles. Esto, a juicio de UGT, es «incompatible» con una reactivación «sana y duradera» en la economía española.

En esta misma línea, han vuelto a reclamar al Gobierno la necesidad de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este mismo año. «No tiene sentido que el salario mínimo de 2021 siga congelado, cuando se ha constatado el despegue de la actividad y del empleo. Si el Ejecutivo se toma en serio su compromiso de aproximar progresivamente su cuantía al 60% del salario medio, el aumento del SMI debe ser, al menos, como el de los salarios de convenio», pide el sindicato.

De lo contrario, añade, en lugar de avanzar en el logro de ese objetivo, se ampliaría la «divergencia», han recordado desde UGT, quienes también han apuntado que los perceptores del salario mínimo no deberían perder poder de compra en ningún caso, por lo que su incremento no debería ser inferior al aumento medio del IPC del año.

Para el sindicato, la recuperación de la economía ha de asentarse en un aumento de los salarios que favorezca el consumo y en una mejora del empleo. Para esto, ha pedido acabar con la precariedad, la temporalidad y la parcialidad involuntaria; algo que, a juicio del sindicato, no se podrá solucionar si no se derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y se conforma un nuevo modelo de relaciones laborales, «centrado en la generación de empleo de calidad, estable y a jornada mayoritariamente completa».

Por último, desde UGT han recordado que la tasa de inflación subyacente (que excluye tanto a los productos energéticos como a los alimentos no elaborados) registra una tasa anual del 0,7%, hasta 2,6 puntos porcentuales por debajo del IPC general. Esto, según el sindicato, evidencia la necesidad de que el Gobierno termine con la «especulación de los precios de la energía», además de ampliar el bono social y apostar, de forma decidida, por una empresa energética pública.

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