La polémica aplicación de transporte Uber empieza a recibir demandas tras reconocer que ocultó durante un año una filtración de datos masiva que afectó a 57 millones de usuarios. Mientras las autoridades de todo el mundo examinan con lupa lo sucedido, en EEUU Washington y Chicago ya han emprendido acciones judiciales.
La semana pasada, por medio de un comunicado firmado por el CEO, Dara Khosrowshahi, Uber explicó que dos individuos ajenos a la empresa accedieron a sus bases de datos de Uber y descargaron información de usuarios como direcciones de correo electrónico y números de teléfono. También los números de carné de conducir de unos 600.000 conductores de la plataforma en EEUU.
Uber pagó 100.000 dólares (unos 8.400 euros) a los ciberdelincuentes para que eliminaran la información robada y no revelaran lo ocurrido, escondiendo el ‘hackeo’ durante un año.
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, ha presentado una demanda por esta ocultación. La ley de violación de datos del Estado obliga a que las personas afectadas sean notificadas máximo 45 días después de un ‘hackeo’ y en que caso de que haya más de 500 ‘víctimas’ residentes en el lugar, debe ser informado el propio fiscal.
Ferguson pide como recompensa 2.000 dólares (cerca de 1.700 euros) por cada afectado, lo que sumaría en total un pago de 21 millones de dólares (17,6 millones de euros).
La demanda de Washington se une a la presentada poco antes por el Estado de Chicago. En este caso, exige 10.000 dólares por cada día que violó la ley actual de la ciudad al esconder filtración, además de 50.000 dólares (alrededor de 42.000 euros) por violar la ley de fraude al consumidor.
Uber se enfrenta además a investigaciones por parte del Congreso de EEUU, así como por parte de las autoridades de Reino Unido, Australia o Filipinas.
