En cuestión de días, se pondrá en marcha el plan de sanciones que en su tiempo anunció el presidente estadounidense Donald Trump para impedir que un dólar llegue a las arcas de unas 180 entidades que directa o indirectamente están bajo el paraguas del sistema empresarial de las fuerzas armadas cubanas.
Ayer en la noche, el cubano americano Carlos Díaz Rosillo, asesor presidencial y director de Políticas Públicas de la Casa Blanca, compareció en dos programas de un canal de habla hispana de Miami para dejar por sentado, entre otras consideraciones, que “no son sanciones, sino regulaciones”.
Sin son regulaciones, qué esperar entonces de las sanciones.
El programa de sanciones diseñado por Trump antes y después de las elecciones prohíbe el alojamiento o estancia en hoteles propiedad del ejército e insiste en aquellos casos aprobados para viajar deberán alojarse, comer y comprar en el incipiente sector privado para evitar “elevadas multas”, según Díaz.
Las débiles relaciones comerciales existentes antes de esta disposición seguirán vigentes y nadie debe poner en duda que crecerán las dificultades económicas para la isla.
En breve, con toda seguridad, el gobierno cubano dará cuenta de su parecer y cuidado no informe de alguna contramedida tal y como hizo con el caso migratorio.
