El episodio, revelado por el Washington Post, ha puesto de relieve el pulso entre dos organismos clave de la Administración. Mientras el DHS buscaba ampliar su base de datos para identificar y localizar a inmigrantes indocumentados, altos cargos del IRS se negaron a vulnerar la legislación que protege la confidencialidad tributaria.
El jueves, el DHS pidió al IRS datos personales de 40.000 personas sospechosas de residir en EEUU sin autorización. Entre ellos, información vinculada a números de identificación fiscal (ITIN), que muchos indocumentados utilizan para trabajar y pagar miles de millones de dólares en impuestos.
La Administración Trump asegura que busca “eliminar silos de información” y evitar que “ilegales se aprovechen de beneficios pensados para contribuyentes americanos que trabajan duro”
En una primera fase, el IRS colaboró para identificar aproximadamente un 3% de los nombres de la lista, principalmente aquellos con ITIN. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el DHS exigió acceso a declaraciones de impuestos, incluyendo solicitudes de exenciones fiscales potencialmente incompatibles con el estatus migratorio de los contribuyentes.
La posibilidad de utilizar información fiscal sensible para deportaciones generó el rechazo de expertos en privacidad tributaria, que alertaron del riesgo de violar derechos y de disuadir a los inmigrantes de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Fuentes citadas por el Washington Post señalaron que Billy Long reiteró internamente que no se compartiría información más allá del acuerdo firmado en abril con el DHS. Aunque no se confirmó que su destitución esté directamente relacionada con este episodio, la coincidencia temporal refuerza esa hipótesis.
Históricamente, el IRS ha evitado involucrarse en operativos migratorios para no comprometer la recaudación fiscal entre inmigrantes, un colectivo que aporta miles de millones de dólares anuales al fisco estadounidense. Sin embargo, el plan del DHS pretende que la agencia se convierta en un actor clave en la captura de parte de los once millones de indocumentados que se estima viven en el país.
Este choque marca un posible punto de inflexión en la relación entre el IRS y el DHS. Hasta ahora, la cooperación se había limitado a intercambios controlados de datos para casos concretos. El nuevo enfoque, impulsado por la Casa Blanca, apunta a un uso masivo de información fiscal como herramienta migratoria, lo que ha desatado el debate legal y político.
En palabras de analistas, romper esa línea roja podría erosionar la confianza en el sistema tributario, ya que miles de contribuyentes —documentados o no— podrían temer que sus datos sean utilizados para otros fines.
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