Ignacio González y Esperanza Aguirre
El informe que acaba de publicar la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el Canal de Isabel II recoge tantas irregularidades como limitaciones a la hora de fiscalizar la empresa pública de aguas entre 2008 y 2015, coincidiendo con los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Comenzando por la arriba: sólo en 2014 se aprobó un organigrama de personal, pero los directivos nunca llegaron a definir las funciones de cada miembro de la cúpula ni sus responsabilidades.
En la que ha sido la cuna del caso Lezo, que mantiene a González imputado en una presunta trama para cobrar mordidas por negocios cerrados desde el Canal, no hubo Departamento de Auditoría Interna hasta 2009, y desde entonces “su dotación de personal ha sido escasa”: en la actualidad solo cuenta con nueve personas para una compañía de más de 2.300 trabajadores, con 29 sociedades mercantiles dependientes (18 en Latinoamérica) y tres empresas asociadas.
Hasta 2015 no se aprobó un Estatuto de Auditoría Interna, y aún así no incluyó “una mención expresa a la extensión de sus facultades sobre las participaciones extranjeras” y sólo en 2016, con el estallido del caso y ya en el mandato de Cristina Cifuentes, el Consejo de Administración solicitó una auditoría sobre la compra de la filial brasileña Emissao, en el centro de Lezo.
Uno de los grandes obstáculos para inspeccionar el Canal radica en que en 2012 el Gobierno regional dejó de conocer “las operaciones de adquisición y enajenación de participaciones en el capital” de la empresa: esto, según la Cámara de Cuentas “facilitó que la adopción de decisiones relevantes, en lo que se refiere a las nuevas inversiones americanas, se derivara indebidamente al Consejo de Canal Extensia, sin que se diera siquiera conocimiento” a los consejos de gestión de la empresa. El informe critica que esto derivó en “riesgos sobre el cumplimiento normativo y favorecía la posibilidad de fraude” y recuerda que todos estos hechos están en manos de la Audiencia Nacional.
También figuran cobros por dividendos de la filial colombiana Inassa desde “cuentas fiducia” sin titulares acreditados. Además, se compraron sociedades y se otorgaron préstamos sin usar ninguna cuenta bancaria acreditada del Canal. La Cámara de Cuentas se reconoce incapaz de verificar la huella de esos pagos por falta de informes de auditoría, lo que también le impide “valorar la razonabilidad económica” de estos negocios.
En este análisis no escasea una de las grandes irregularidades contables de la contratación pública: el troceo de contratos para sortear los concursos. Los contratos menores por suministros superaron los 73 millones en el Canal, el 23% de toda la contratación de este apartado.
La Cámara critica que muchos materiales “almacenables” se compraron por esta vía sin necesidad: «Deberían ser adquiridos con carácter general mediante contratos mayores ya que cabría detectar con antelación suficiente la necesidad de los mismos”, afea el informe.
En general, la Cámara denuncia que en diversos expedientes mediante procedimiento negociado sin publicidad “por razones de urgencia se aprecia la necesidad de agilizar los plazos para la adjudicación pero no se justifica de forma suficiente la “imperiosa urgencia”, es decir, en la declaración de urgencia no se recogen las circunstancias que concurren para que no pueda lograrse el mismo objetivo reduciendo los plazos de tramitación y adjudicación mediante un procedimiento ordinario tramitado de forma urgente pero con publicidad”.
En total, los contratos ‘a dedo’ de la empresa pública durante estos ocho años superaron los 115 millones de euros.
En el largo periodo fiscalizado, las tarifas del Canal se han incrementado un 11% (un 19% en el servicio de alcantarillado), y las cuotas fijas son entre un 7% y un 13% más caras.
Otro dato relevante sobre los ocho años analizados está en la temporalidad: la plantilla se ha incrementado progresivamente pero el personal fijo lleva cayendo desde 2009. Al final del periodo, uno de cada tres empleados del Canal era temporal.
Aunque encuentra justificación en las políticas de recortes del empleo público durante la crisis, la Cámara critica que esta alta temporalidad “conduce a un elevado índice de rotación que afecta a todos los departamentos, incluidos aquéllos que requieren de mayor formación y especialización, impidiendo la creación y retención del talento y condicionando el mantenimiento futuro de los estándares de excelencia alcanzados”.
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