Así lo señalan desde Marea de Residencias, que explican que los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como Protocolo de la Vergüenza “que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos” y que en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño.
Junto a él, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el “ideólogo” de estos protocolos y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.
El Juzgado de Instrucción 37 de Madrid investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020. En la querella se acusa a los investigados de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.
Se trata del quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno Ayuso están citados como imputados.
“Que Mur aclare quién dio las órdenes”
En sus dos declaraciones en los juzgados, Marea de Residencias recuerda que Peromingo admitió que el Protocolo de la Vergüenza era “discriminatorio” y atribuyó la responsabilidad exclusiva de su elaboración a Mur. “Éste, por su parte, en su única declaración, indicó que él se había limitado a firmar el texto que le entregaron redactado y señaló que su contenido lo conocían los entonces consejero y viceconsejera de la Consejería de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila, respectivamente”, destaca el mencionado colectivo.
“Ayuso mantiene a ambos aforados”, denuncia, ya que Enrique Ruiz Escudero fue nombrado senador por designación autonómica en 2023, mientras que Ana Dávila fue “promocionada” y es ahora consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
“Aunque valoramos que Mur se haya atrevido a señalar por primera vez en sede judicial a sus superiores en la Consejería de Sanidad”, desde Marea de Residencias reclaman que “aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el Protocolo de la Vergüenza”.
Además considera que los “insultos” de Ayuso a las víctimas, “además de retratarla, no pueden ocultar una enorme verdad”, y es que “seis años después sigue sin explicar por qué no envió a las residencias los 1.826 médicos y enfermeros que tenía a su disposición para medicalizar los centros en marzo y abril de 2020”.
“En su lugar”, critica, “envió a dichos profesionales sanitarios al hospital de campaña montado en el recinto ferial Ifema (1.421 médicos y enfermeras), que el aparato de propaganda de Ayuso bautizó como el ‘hospital milagro’, y a los hoteles medicalizados (351)”. A las residencias destinó 54 en total.
Para Marea de Residencias “Ayuso tiene que dejar de esconderse tras sus insultos a las víctimas y explicar a toda la sociedad madrileña por qué tomó esta decisión, que afectó a la vida y la salud de miles de residentes”.
