La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El Gobierno ha dado luz verde este martes a varias medidas dirigidas al sector del campo en plenas protestas de agricultores y ganaderos, que un día más han salido a la calle en defensa de unos precios justos. El Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aprobado, entre otras cosas, la reducción a 20 del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.
“Esta medida se lleva a cabo tras la constatación de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles impuestos por EEUU a este sector, junto al elemento climatológico como agravante de efectos adversos sobre la actividad del sector agrario”, afirma el departamento de Díaz.
Para Trabajo esto ha repercutido “en una disminución del empleo de los trabajadores eventuales agrarios” en ambas regiones. De ahí que haya considerado que “se cumplen las condiciones para regular la reducción del número mínimo de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo y a la renta agraria”.
Además, se ha acordado incluir en el Real Decreto Ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación “el mecanismo de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos, que incluye a los trabajadores fijos discontinuos”. “El objetivo”, afirma este ministerio en una nota, “es tratar de incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y, en la medida de lo posible, combatir la eventualidad y el carácter temporero del trabajo agrario”. “Para ello, las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, podrán bonificarse la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización (mensual o por jornadas reales trabajadas)”.
Por último, a propuesta de Díaz se ha autorizado el acceso de la Inspección a los alojamientos y locales de descanso de los trabajadores por parte de la empresa, “ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se ejecuta la actividad laboral”. Se busca, de esta manera, “combatir algunas de las extremas condiciones que se están dando en algunos lugares de trabajo, para lo que se permitirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entrar y revisar las condiciones de estas viviendas, aunque se encuentren fuera del lugar de trabajo”.
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