Isabel Díaz Ayuso en una visita a un colegio público de Getafe.
El sindicato ha reclamado a la presidenta autonómica que “reflexione sobre las graves consecuencias de la estrategia sin precedentes que lleva a cabo para debilitar la educación pública en Madrid a favor de la privada, en manos mayoritariamente de la Iglesia”. Por ello, ha llamado a dar marcha atrás en la decisión de cerrar 233,5 aulas públicas, que se ha tomado antes del proceso de escolarización del curso 2022-2023 iniciado hace apenas unos días. Esto supondrá la pérdida de 6.200 plazas públicas.
“Cierran aulas públicas antes de que las familias tengan la oportunidad de elegir, condicionando así el proceso de escolarización, dejando sin plaza pública a miles de familias y abriendo terreno para el crecimiento de la educación privada”, critica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.
La responsable sindical defiende que la única enseñanza que garantiza a sus hijos e hijas “calidad, gratuidad e igualdad de oportunidades, sea cual sea su nivel de renta, es la pública”. Dicho esto, advierte de que “Madrid pagará con mayor segregación escolar, mayor desigualdad y menos cohesión social la infame política educativa del PP”.
De las 233,5 aulas que van a desparecer, desgrana CCOO, 144 son Primaria y 89,5 de Secundaria. Es decir, habrá 3.600 plazas en Educación Infantil y Primaria y de 2.680 plazas en ESO y Bachillerato menos. Por tanto, el total de plazas públicas que se han recortado antes de que las familias puedan elegir asciende a 6.200.
Estos recortes se extienden también a la plantilla docente. “Estimando a la baja”, sostiene Galvín, se traducirá en la pérdida de al menos 395 puestos de docentes en la Comunidad de Madrid. “A ese número habría que añadir la plantilla y los recursos propios del alumnado con necesidades educativas especiales. No es un recorte puntual de plazas y plantilla, sino la repetición de una tendencia general al adelgazamiento de la enseñanza pública que lleva décadas guiando la política educativa del PP madrileño”.
Según el sindicato, el motivo por el que la Consejería de Educación no ha esperado a que termine el proceso de escolarización para ver cuál es la demanda y en función de la misma decidir si cierran o no aulas “está muy clara”. “Saben que las familias madrileñas demandan educación pública, porque saben que si prestan atención a la demanda real no podrían cerrar ni muchísimo menos 233 aulas en nuestra Comunidad, al contrario, tendrían que construir los centros públicos que llevan años de retraso”. “Por eso”, remarca Galvín, “cierran aulas antes de que las familias puedan elegir”.
“El Gobierno de Díaz Ayuso es enemigo de la libertad de elección educativa”, asegura.
Esta decisión coincide con el anuncio del reparto de cheques para estudiar Bachillerato en centros privados, publicado por EL BOLETIN. Para el sindicato “son dos partes de la misma estrategia”. Según sostiene, “se recorta en educación pública mientras se incentiva la privada”. “Es una escandalosa manipulación de la oferta y la demanda educativa, y justo lo contrario de la libertad de elección que tanto pregonan”, concluye Isabel Galvín.
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