Proyecto Castor
Compromís denuncia que el Gobierno continúa sin concretar cuándo se van a adoptar medidas para desmantelar el almacén de gas Castor, y se pregunta “hasta cuándo van a tener el amasijo de ferralla en el mar”, advirtiendo que la instalación se debe sellar para evitar cualquier peligro a la población, al tiempo que reclama que el desmantelamiento corra cargo de la empresa ACS, culpable del fiasco del proyecto gasístico.
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, recrimina que el Gobierno, en las respuestas que ofrece la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes cuando se le pregunta por el proyecto energético fracasado ‘Castor’ hable tan solo del pasado sin dedicar una línea al futuro”.
Informa Mulet que una pregunta concreta sobre los episodios de terremotos de 2013 y a la necesidad de instalar sismógrafos submarinos para monitorizar la falla Amposta y afrontar el desmantelamiento de las plantas (marina y terrestre), el Gobierno ha contestado “que la instalación de almacén de gas Castor continuará en su estado actual de hibernación que garantiza la estabilidad del mismo” a pesar de que el mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de extracción de gas de Castor en este estado de hibernación cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según reconoció el propio Ejecutivo al coportavoz de Equo, el diputado Juatxo López de Uralde.
Mulet se queja de que “el método Rajoy de resolución de conflictos” no es lo que los vecinos afectados por los terremotos merecen y dice que “ni se puede plantear tener sine die toda esa ferralla en medio del mar, a expensas de algún accidente o movimiento geológico que genere peligro a la población”.
La postura de Compromís pasa por emprender, de la mano de los expertos, universidades y especialistas del sector, el sellado del almacén, como ya hizo la empresa Shell cuando abandonó la planta al haber constatado durante décadas los episodios sísmicos que producía la explotación del yacimiento petrolífero y que hoy almacena millones de metros cúbicos de gas en el subsuelo.
“Además el coste del desmantelamiento de la planta debería abonarlo quienes planificaron mal, ejecutaron con más de un año de retraso un proyecto innecesario por la caída en el consumo y que dio toda clase de problemas”, señala Mulet.
Por todo ello, la coalición lamenta que «el 2017 vaya a acabar sin que se tomen medidas reales tras el estudio ‘post mortem’ encargado al Massachussets Institute of Techonology (MIT) para analizar el problema y buscarle soluciones para evitar el temor que todavía subyace entre muchos vecinos del norte de Castelló y sur de Tarragona, que ven cada día en el mar un proyecto que tenía que ser muy beneficioso para la zona y ha acabado siendo el mayor fiasco económico y de la ingeniería española que se recuerda».
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