Así se lo traslada a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, en una carta en la que en la que exponen su “gran preocupación por la circunstancia de que el actual Fiscal General del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento”, asista a este evento e intervenga en el mismo.
“En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga, como no puede ser de otra forma, el fondo del proceso en curso”, afirman. “Sin embargo”, continúa el texto, “la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones”.
Para estos vocales conservadores “resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere”. “La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto”, aseguran.
Responden a las palabras de Sánchez sobre los jueces
A esta circunstancia se añade un “contexto político de extraordinaria tensión”. En concreto, aluden a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista en TVE “en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados”. Unas manifestaciones que “reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función” y sobre las que han incidido otros cargos del Ejecuivo.
Los 10 vocales del CGPJ firmantes de la misiva destacan que “tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”. “Como ha repetido usted misma en numerosas ocasiones, la independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución, no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos”, remarcan.
“Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo”, critican, antes de pedir que desde la Presidencia del Supremo y del Poder Judicial, se traslade al Fiscal General del Estado la “inconveniencia” de intervenir en el acto en las actuales circunstancias.
Los vocales no quieren a Bolaños en estrados
Junto a esto, también reclaman que “se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado”.
Por último, que “se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional”.
