Señora ex ministra de Justicia e inminente Fiscal General del Estado, solo pendiente de su nombramiento por el Rey a propuesta del Gobierno. El artículo 124 de la Constitución, en su punto 4, preceptúa que deba ser oído respecto a su nombramiento el Consejo General del Poder Judicial.
¿Podríamos los demás oír también lo que ese Consejo diga? En todo caso, Señoría vele por la independencia de los Tribunales y promueva el interés público tutelado por la Ley, con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, conforme a su misión constitucional, sin sentirse bajo ninguna otra obligación. ¿Entendido?
