Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Supremo, las idas y venidas de la sección y del pleno de la Sala a propósito de si es el particular adquiriente o el banco prestamista quien haya soportar el impuesto que grava los actos jurídicos documentados de la hipoteca, han dañado la autoridad moral de uno de los poderes del Estado, en vísperas de la apertura de la vista oral de la causa contra los secesionistas.
Es decir, cuando más necesario era que su prestigio fuera indiscutible. Parecería un guión escrito por Torra. Y ahora, díganos, Señoría, ¿cómo salimos de ésta?.
