La plataforma de coche compartido entiende que las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid a la propia compañía y a dos conductores vulnera el derecho comunitario. BlaBlaCar ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea en contra de la Comunidad de Madrid por las sanciones impuestas a la compañía y dos conductores de la plataforma.
La red social de coche compartido presentó ayer una denuncia ante el organismo comunitario por considerar que las multas y los expedientes abiertos por el Gobierno de Cristina Cifuentes por ánimo de lucro van en contra del derecho europeo, tal y como había adelantado la plataforma el mes pasado.
Por aquel entonces, BlaBlaCar emitió un comunicado en el que anunció esta decisión al entender que la Comunidad de Madrid había vulnerado su “derecho a la libre prestación de servicios y su libertad de establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea”.
“BlaBlaCar es una red social de viajes en coche compartido, una plataforma tecnológica, que permite que sus usuarios, conductores y pasajeros, se pongan en contacto para realizar desplazamientos compartiendo gastos, sin ánimo de lucro. Llevamos siete años operando en España, y nuestro modelo no es en absoluto nuevo. ”, se defendía el director general de BlaBlaCar en España y Portugal, Jaime Rodríguez.
“Estas sanciones son contrarias al derecho de la Unión Europea y contra ellas vamos a actuar. Tanto en España, agotando las vías administrativas y legales para recusar estas sanciones, como en Europa, donde denunciaremos las prácticas de la Comunidad de Madrid al obstaculizar nuestra actividad”, añadía.
La Comunidad de Madrid impuso a Comuto Iberia, nombre comercial de la plataforma de coche compartido BlaBlaCar en España, la primera sanción que el servicio recibe en Europa, por ofrecer transporte público sin disponer del título requerido para ello.
El Gobierno regional consideraba que la plataforma había cometido dos infracciones muy graves por “facilitar en nombre propio servicios de transporte público de viajeros sin ser previamente titular de una autorización” y otra grave por “ofertar servicios de transporte público de viajeros sin disponer del título habilitante”.
Además, abrió expedientes sancionadores contra dos conductores del servicio de Internet, al entender que el importe total cobrado a los pasajeros por los trayectos realizados excedía la cuantía resultante de compartir los gastos del viaje entre los viajeros del vehículo, por lo que habría ánimo de lucro por parte de estos dos usuarios.
