Carlos Tavares, presidente del Grupo PSA
El consejero delegado del Grupo PSA, Carlos Tavares, ha asegurado que la fusión entre su compañía y el grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) continúa según lo previsto y aportará unas sinergias de al menos 3.700 millones de euros.
Así lo ha señalado Tavares en la junta general de accionistas de PSA celebrada este jueves, durante la que ha indicado que esta fusión es un paso «esencial», ya que permitirá a ambas empresas disminuir el gasto en investigación y desarrollo necesario para la llegada de una movilidad más limpia, segura y asequible.
Por ello, Tavares prevé que este movimiento empresarial se lleva a cabo en los tiempos previstos que, según anunciaron PSA y FCA a finales del año pasado, la fusión debería estar finalizada en el primer trimestre de 2021.
Todo ello después de que la semana pasada saliese a la luz que la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad sobre la fusión entre PSA y FCA ante la sospecha de que la operación pueda reducir la competencia en el mercado de vehículos comerciales en catorce países de la Unión Europea, entre ellos España, y en Reino Unido.
El Ejecutivo comunitario tomó esta decisión porque tiene indicios de que la fusión reduciría «significativamente» la competencia dentro del mercado único en el sector de vehículos comerciales ligeros (con un peso inferior a 3,5 toneladas) en Bélgica, Croacia, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Reino Unido.
En muchos de estos países, según Bruselas, las dos firmas automovilísticas «combinadas» ostentarían una «elevada» cuota de mercado con «el abanico más amplio de marcas y modelos de todos los tamaños». La Comisión señaló que PSA y Fiat serían «particularmente fuertes» en el segmento de furgonetas pequeñas.
PSA y Fiat informaron sobre su fusión a las autoridades comunitarias el pasado 8 de mayo y decidieron no presentar medidas para resolver las dudas preliminares del Ejecutivo comunitario. Bruselas dispone ahora de un plazo de 90 días laborables -hasta el 22 de octubre– para confirmar si sus sospechas son ciertas, aunque advirtió de que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado final de la misma.
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