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Edición testing    19 de enero de 2019

Vivienda pública

Entrevista

“Blackstone o Goldman Sachs actúan en el mundo con márgenes razonables, pero en España están intentando magnificar”, critica el jefe de la empresa de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

El responsable de la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Carmena es Francisco López Barquero. Apenas habla en medios y se sabe poco de su cargo en una entidad que casi se va a pique con Ana Botella. Era la época en que los pisos públicos se vendían por miles a fondos de inversión. Hoy, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) es la mayor promotora de vivienda de la capital, a pesar de que esas nuevas casas no son, ni de lejos, suficientes para las necesidades del Madrid de la burbuja del alquiler.

Vivienda

La EMVS inicia el proceso de adjudicación de 288 pisos. En total, se habrán entregado 3.179 viviendas desde la llegada de Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid va sacando vivienda pública. Poco a poco. En esta ocasión, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) ha arrancado el proceso para adjudicar otros 288 pisos. Manuela Carmena, desde el inicio de la legislatura y sumando esta nueva oferta, habrá entregado 3.179 viviendas.

Ayuntamiento de Madrid

El Observatorio de Servicios Urbanos destaca que con Carmena el gasto en recogida, gestión y tratamiento de residuos ha crecido hasta la “cifra récord” de 87,42 euros por persona.

El Ayuntamiento de Madrid es el que más gasta en vivienda (53,33 euros por habitante) muy por delante de ciudades como Barcelona (30,75 euros/habitante). Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en el que se analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2018 para 21 ciudades españolas.

Madrid

El Tribunal de Cuentas determina que el deterioro del patrimonio de la EMVS fue responsabilidad exclusiva de Ana Botella.

La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros siete ex altos cargos de aquella administración, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas por malvender miles de viviendas protegidas a un ‘fondo buitre’ en octubre de 2013. Según el órgano auditor, este proceso de venta revela que los problemas financieros de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo no se debieron a la crisis financiera sino a la mala gestión.

Madrid

Los afectados por esa venta de viviendas públicas confían en que sentencia del Tribunal de Cuentas sea el primer paso hacia una condena penal.

La sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete de sus entonces altos cargos por vender por debajo de precio 1.860 viviendas públicas a dos fondos buitre en verano de 2013 ha sido recibida con alegría por las familias que fueron directamente perjudicadas por la operación.

Vivienda pública

Manuela Carmena y su equipo consideran que el valor del prejuicio es de 125 millones de euros, no de 25 millones.

La Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado este viernes que el consistorio va a recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre la venta de vivienda pública durante los años de Ana Botella porque la considera insuficiente.

Madrid

Las familias afectadas por la polémica operación esperan que el juez instructor no cierre en falso la causa y barajan recurrir la petición de archivo de la Fiscalía.

Las familias afectadas por la venta de 3.000 pisos del IVIMA a un ‘fondo buitre’ que realizó el Gobierno de Ignacio González no piensan tirar la toalla tras más de cinco años de lucha aunque la Fiscalía haya cambiado de criterio y pedido archivar la investigación judicial en marcha al considerar que no se ha cometido ningún delito. Anuncian que sus abogados ya estudian el escrito del fiscal y las posibilidades de presentar recurso

Vivienda pública

El Real Decreto permite ampliar el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles (IFS).

El Ayuntamiento de Madrid, particularmente, tiene motivos este martes para estar contento. El Real Decreto del Gobierno que plantea medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler da ‘luz verde’ a que los ayuntamientos utilicen el superávit en la promoción de vivienda pública.

Los periódicos digitales

El Ayuntamiento de Madrid encabeza un grupo de consistorios que reclaman incluir la VPO en el catálogo de las inversiones financieramente sostenibles.

Los ayuntamientos quieren promover más VPO para atender a los grupos sociales más necesitados y contrarrestar las subidas de precios que están expulsando a muchos vecinos de las ciudades, pero están constreñidos por la regla de gasto. Y por ello, un grupo de Consistorio, liderado por el de Madrid, ha solicitado al Ministerio de Hacienda que permita sacar la inversión en vivienda pública del gasto computable para la regla de gasto e incluirla en el catálogo de inversiones financieramente sostenibles (IFS), un cambio de criterio que permitiría a los municipios con superávit destinar una parte de este saldo positivo a la promoción de vivienda pública.

Vivienda

La Empresa Municipal de Viviendas tiene ya 3.500 casas en tramitación.

El Ayuntamiento de Madrid ha relanzado la ejecución presupuestaria dedicada a la ‘Promoción y gestión de viviendas’ en las últimas semanas y ya alcanza el 91% del gasto presupuestado para el año 2018. A comienzos de octubre el porcentaje de ejecución apenas era del 50%. Sin embargo, el impulso durante ese mes ha colocado la inversión por encima de los 193 millones de euros sobre los 212 millones presupuestados.

Vivienda

La archidiócesis asegura sentirse consternada por el suicidio de la mujer que iba a ser desahuciada.

La Iglesia de Madrid pide a las administraciones públicas y a los partidos políticos cambios legales para suspender provisionalmente los desahucios de personas vulnerables. El suicidio de una mujer cuando iba a ser desahuciada la semana pasada ha “consternado” a la archidiócesis madrileña.

Vivienda

Los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid han aumentado un 30% desde que ‘acabó’ la crisis.

El año 2013 fue supuestamente el último de la crisis. A partir de 2014 la economía española no volvió a vivir una recesión y el empleo volvió a brotar. Cinco años de crecimiento que, sin embargo, apenas se han sentido en los bolsillos de los ciudadanos. El salario medio tan solo ha crecido un 7% en este tiempo.

Ayuntamiento de Madrid

El equipo de Manuela Carmena ha reducido la partida de "Promoción y gestión de vivienda" en el proyecto de presupuestos de 2019.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid y el grupo socialista del consistorio presentaron este lunes el proyecto de presupuestos de 2019 que han acordado para la ciudad. Entre las medidas planteadas, el ayuntamiento prevé aumentar el gasto en vivienda. Sin embargo, el estado de ejecución presupuestaria revela que el equipo de Manuela Carmena apenas ha ejecutado el 50% de lo pactado para “promoción y gestión de vivienda” en 2018.

Madrid

PP y Ciudadanos acuerdan destinar en 2019 un total de 13 millones para la construcción de viviendas públicas. Medio millón más que en 2018, pero lejos de los 17,6 millones de 2015.

La vivienda pública no pasa por su mejor momento en Madrid. Y no parece que vaya a mejorar con los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019. El acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos refleja que se va a destinar menor presupuesto para construir vivienda pública que antes del inicio de la legislatura, cuando aún estaba Ignacio González en el poder.

Vivienda

Los vecinos del número 3 de la calle Juan Gris de San Sebastián de los Reyes se movilizan para no ser desahuciados de sus viviendas, antiguas VPO, tras la subida de rentas.

Ruth tiene 41 años, dos hijos pequeños, de uno y seis años, un marido en paro y desde el 31 de julio vive con el miedo a quedarse sin un techo para su familia. El motivo: un fondo buitre compró la VPO en la que vive de alquiler desde 2014 en el número 3 de la calle Juan Gris de San Sebastián de los Reyes y le han encarecido la renta en una cuantía que dado sus ingresos actuales -768 euros al mes- no puedo pagar. Por ello, y puesto que empresa –Lazora, del Grupo Azora, filial de Goldman Sachs- no le ha renovado el contrato y que éste ha vencido pasado el 31 de julio, se ha convertido en una especie de ‘okupa’ en su propia casa.