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Edición testing    10 de diciembre de 2019

UCO Guarida Civil

Los periódicos digitales

El presunto cabecilla de la Púnica y el yerno de Villar Mir habrían recibido las mordidas a través de sociedades instrumentales y testaferros.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, y el empresario Javier López Madrid constituyeron sociedades instrumentales para recibir presuntas comisiones de OHL a cambio de “favores políticos” a través de través de terceras personas o testaferros, por las que habrían cobrado 800.000 euros, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recién incorporado al caso Púnica, del que informan hoy El Español y El Confidencial.

Los periódicos digitales

Primer informe policial que revela la existencia de irregularidades en esa campaña que el PP de Madrid habría costeado con facturas falsas y pagos ocultos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Mariano Rajoy ganó las generales de 2011 con una campaña electoral que, en parte, se costeó con “facturas falsas” y pagos ocultos, según informa hoy elconfidencial.com. El digital afirma que los investigadores centran las pesquisas en unos 250.000 euros aportados a Génova por el PP de Madrid, aunque la cifra es provisional y podría aumentar en nuevas indagaciones.

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La Fiscalía y la Guardia Civil consideran que el empresario Joaquín Molpeceres, que también aparece como supuesto donante en los papeles de Bárcenas, aceleró sus ingresos con Ignacio González.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la investigación del 'caso Lezo' siguen la pista de contratos al empresario Joaquín Molpeceres por un valor de 138 millones de euros adjudicados durante diez años por la empresa pública Canal de Isabel II, cuyo presidente era Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama 'Lezo', según informa vozpopuli.com.

Madrid

La trama de corrupción vuelve a aparecer después de la citación a la ex responsable jurídica de la Asamblea de Madrid por la adjudicación de la cafetería en la que está salpicada Cifuentes.

Todos los ojos están mirando a Cataluña. No es para menos. La crisis abierta no es menor. Mientras, en Madrid, los movimientos judiciales elevando el hedor de la corrupción siguen dándose. Y tampoco son menores. Después de que la intensidad mediática se haya despegado del ‘caso Lezo’ (no así en la Asamblea de Madrid donde se avecinan nuevas comisiones de investigación), la Audiencia Nacional ha reactivado los trabajos en la ‘operación Púnica’ con especial atención al contrato del servicio de cafetería que el Parlamento madrileño adjudicó al Grupo Cantoblanco y que salpica directamente a Cristina Cifuentes.

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