www.elboletin.com
Edición testing    4 de agosto de 2020

Tribunales

Justicia

Cuatro de los miembros de La Manada son condenados a un año y seis meses de cárcel por abusos sexuales.

El titular del Juzgado de Lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a un año y seis meses de prisión a cada uno de los cuatro miembros de la Manada -Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero-, por abusar sexualmente de una joven en localidad cordobesa de Pozoblanco en mayo de 2016.

Fase 1

La Comunidad de Madrid afirma que la resolución de Sanidad “no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio”.

La Comunidad de Madrid va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la región pasar a la fase 1 del plan de desescalada por el Covid- 19. Así lo ha anunciado el consejero Enrique Ruiz Escudero en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario esta tarde.

Coronavirus

Ander Gil afirma que el PSOE se reserva la posibilidad de llevar “ante los tribunales” por sus acusaciones sobre las muertes en las residencias de mayores.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha asegurado este martes que su formación “se reserva la posibilidad” de llevar “ante los tribunales” a la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, después de que ésta acusase al Gobierno de aplicar la eutanasia a los “8.000 mayores que han muerto en las residencias”.

Galicia

La Xunta “agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial” para “defender a Galicia” y que el Gobierno pague la deuda de 200 millones por el IVA.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que su Gobierno “agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial” para “defender a Galicia” y llevará a los tribunales al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que pague la deuda de 200 millones de euros derivada de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017.

PP y Vox

La derecha se moviliza ante la propuesta del Gobierno de nombrar a la exministra Dolores Delgado fiscal general del Estado y anuncia acciones legales.

La derecha quiere convertir los tribunales en su nuevo campo de batalla contra el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. El PP ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los populares no serán los únicos que actuarán al respecto. Vox emprenderá acciones en los próximos días tanto contra el jefe del Ejecutivo como contra la exministra de Justicia.

Educación

El Partido Popular anuncia una ofensiva política y legal contra la “amenaza” del Gobierno de coalición a la educación concertada.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este viernes una ofensiva política y legal contra la “amenaza del Gobierno” a la educación concertada y ha señalado que la libertad “no entiende de colores”.

Tribunales

El juez Moreno investiga el pago de 82 millones en comisiones a políticos para la adjudicación del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) como persona jurídica por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros en comisiones a políticos para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la ciudad de la Salud de Panamá. Lo hace instancias de la Fiscalía anticorrupción considera que personal de FCC y de la brasileña Odebrecht habrían diseñado un esquema que consistía en sobredimensionar el suministro de acero necesario para estas obras, facturarlo al doble de su precio y con ese dinero pagar sobornos a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

Comunidad Valenciana

El juez investiga si hay prevaricación, malversación y fraude en la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Puig

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar como investigados a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del PP.

Tribunales

El Ministerio Público acusaba a las tres activistas de un delito contra los sentimientos religioso y pedía multa de 3.000 euros.

La Fiscalía Provincial no recurrirá la decisión del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla de absolver las tres mujeres que fueron juzgadas el pasado 3 de octubre por participar en la procesión de una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de Virgen en la manifestación del 1 de mayo de 2014 convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y conocida como “la procesión del coño insumiso”.

Justicia

La jueza ha autorizado el registro de la vivienda de Gonzalo Boye que es también abogado del narcotraficante Sito MIñanco.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional María Tardón ha autorizado la entrada y registro de varias dependencias, incluida la vivienda del abogado Gonzalo Boye, coordinador de la defensa jurídica del expresident Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales.

.

Castor

Un juez de Castellón les encausa por seguir con la inyección de gas pese a ser advertidos del aumento de la sismicidad en la zona.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha dictado auto de procedimiento abreviado contra dos de los investigados por el denominado ‘Caso Castor’, concretamente dos directivos de la empresa Escal UGS SL, adjudicataria de del proyecto de almacenamiento de gas en la costa de esta localidad castellonense. El juez instructor les encausa por delito medioambiental al continuar con la inyección de gas en el almacén a sabiendas de la “potencial peligrosidad sísmica” que acarreaba la actividad, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Caso Alsasua

Tras la rebaja de sus penas por el Tribunal Supremo, los siete encarcelados han cumplido la cuarta parte de sus condenas.

Los jóvenes de Alsasua (Navarra) que se encuentran en prisión después de ser condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 podrán empezar a solicitar permisos penitenciarios después de que el Tribunal Supremo les haya rebajado las penas.

Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid cita para el 17 de diciembre a compañeros de los dos fallecidos para que expliquen qué elementos manipulaban.

Las muertes por el amianto en la empresa Metro de Madrid han comenzado a ser investigadas la titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, que ha citado para el próximo 17 de diciembre a cinco trabajadores del suburbano madrileño para que testifiquen en la causa, iniciada a instancias de la Fiscalía.

Ceuta

En el auto se recuerda que las fronteras no son zonas de excepción en relación a los derechos humanos y que no cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado procesar por un presunto delito de homicidio imprudente y denegación de auxilio a los 16 guardias civiles investigados por su actuación el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes perecieron al intentar acceder a España bordeando a nado el espigón ceutí de El Tarajal mientras las fuerzas de seguridad desplegaban medios antidisturbios para tratar de impedirlo. En su auto, la jueza apunta que los agentes pudieron “contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento” y que “podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”.

Cataluña

El Tribunal argumenta que no puede resolver las recusaciones de dos jueces que planteó Torra antes del 25 de septiembre que era la fecha fijada.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplazado hasta el 18 de noviembre el juicio por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al estimar que no podrá resolver las recusaciones presentadas por Torra antes del 25 de septiembre, día en que fijó el inicio de la vista.