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Edición testing    26 de enero de 2020

Ignacio González

Caso Púnica

Anticorrupción pedirá el procesamiento de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional en 2020.

La Fiscalía Anticorrupción va pedir en los primeros meses de 2020 al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, el procesamiento de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, por ser la principal responsable de la financiación ilícita del partido.

Caso Púnica

La Audiencia Nacional ya investiga otros 50 acuerdos que suman más de 75 millones en total.

La Comunidad de Madrid ha encontrado casi 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda regional con la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ya está investigando si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento, y de 34 más de la Consejería de Sanidad, estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad. Algo que posteriormente contrataban con empresas que hacían las campañas electorales de los populares.

Justicia

La Fiscalía solicite al juez del ‘caso Lezo’ que procese a Ignacio González por la compra de Emissao en 2013.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el ‘caso Lezo’, que procese por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra de Emissao en 2013.

Caso Lezo

El juez Manuel García Castellón deniega la petición del expresidente de OHL de citar a declarar como testigo a un teniente de la UCO.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha denegado la petición del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir de citar a declarar como testigo a un teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, que dio origen a la investigación del caso Lezo.

Púnica

La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción pone en el disparadero a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González.

La corrupción y la Comunidad de Madrid vuelven a estrechar sus lazos. Esta vez es la Fiscalía Anticorrupción quien imputa a las expresidentas de la región, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, delitos de corrupción por su presunta implicación en la financiación ilegal del partido en Madrid.

Madrid

Las dos formaciones llevan a Anticorrupción a políticos y empresarios por los posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales.

Podemos e IU han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a casi una treintena de responsables políticos y empresariales por la Operación Chamartín. Entre los demandados están los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, dos alcaldes de la capital, como son Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, así como hasta ocho ministros de Fomento.

Ayuntamiento de Madrid

Los socialistas temen que Lozano siga los pasos de Ana Botella y recuerdan que trabajaba con Ignacio González cuando se vendieron 3.000 pisos del Ivima a Goldman Sachs.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, advierte que el nuevo consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, es un “esbirro de Ignacio González” y avisa de que viene a terminar el trabajo que inició Ana Botella cuando fue alcaldesa: “Liquidar” la empresa pública. Además, recalca que Lozano formaba parte del equipo de González cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas al fondo Azora-Goldman Sachs.

Vivienda

Familias de Torrejón se unen a las de Vallecas y Carabanchel y organizan su “resistencia” para que Fidere renueve sus alquileres con el IPC.

Vallecas, Carabanchel y ahora Torrejón de Ardoz. Cada vez más inquilinos de las viviendas públicas que Ignacio González y Ana Botella vendieron a fondos buitre se rebelan contra las subidas de alquileres que les trata de imponer su nuevo casero al considerarlas abusivas. El motivo: muchos de los vecinos accedieron a esas casas cuando pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) o al Ivima, y se les adjudicaron precisamente por su situación económica, por lo que no pueden pagar las nuevas rentas, con subidas de hasta el 80% que les exige ahora la socimi Fidere, perteneciente al fondo de inversión Blackstone.

Madrid

Las familias afectadas se concentrarán en Sol para pedir al futuro gobierno que no recurra el auto que declara nula la venta de viviendas públicas a Goldman Sanchs.

El próximo sábado, 29 de junio, las familias damnificadas por la venta de casi 3.000 pisos del Ivima a un fondo buitre se manifestarán ante la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, para demandar la restitución de sus derechos como moradoras de vivienda pública.

Los periódicos digitales

Un informe de la Guardia Civil recoge que el PP inyectó en su caja b más de un millón de euros de donaciones ilegales a Indra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el Partido Popular de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. Los investigadores implican en la trama a Esperanza Aguirre y a sus hombres de confianza en el Gobierno regional, Ignacio González y Francisco Granados.

Ciudad de la Justicia

La Guardia Civil advierte a la Audiencia de unos correos entre Josep Piqué y Javier López Madrid que apuntan a un posible amaño de un contrato multimillonario.

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha trasladado a su homólogo en el juzgado 5, José de la Mata, dos cadenas de correos electrónico hallados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en el campus de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Unos emails que apuntan al exministro Josep Piqué.

Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid coloca la operación “bajo sanción de invalidez”.

La venta de las cerca de 3.000 viviendas públicas del IVIMA a un fondo buitre en el año 2013, con Ignacio González al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue ilegal. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los periódicos digitales

Edmundo Rodríguez Sobrino asegura que ha entregado todo el dinero que recibió en concepto de comisiones por la compra de Emissao.

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Emissao, según informa hoy vozpopuli.com.

Caso Lezo

El magistrado asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y propone juzgar a 22 personas y archiva la causa a 15 investigados.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar a un total de 22 personas por las posibles irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y archiva esta pieza del “caso Lezo” respecto de 15 personas, entre ellas el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

Los periódicos digitales

Azora, el fondo al que Ignacio Gónzález vendió casi 3.000 viviendas públicas, reparte 57 millones entre los seis miembros de su cúpula.

Azora, el fondo de inversión estadounidense controlado por Goldman Sachs, al que el Gobierno de Ignacio González (PP) vendió 2.935 viviendas del Ivima ha repartido pingües retribuciones entre sus seis directivos el año pasado y ha multiplicado por diez sus beneficios netos que han pasado de 12,7 millones de euros en 2017 a 120,5 millones en 2018, según informa hoy elindependiente.com.