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Edición testing    22 de agosto de 2019

Ignacio González

Caso Lezo

El juez Manuel García Castellón deniega la petición del expresidente de OHL de citar a declarar como testigo a un teniente de la UCO.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha denegado la petición del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir de citar a declarar como testigo a un teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama liderada por el expresidente madrileño Ignacio González, que dio origen a la investigación del caso Lezo.

Púnica

La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción pone en el disparadero a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González.

La corrupción y la Comunidad de Madrid vuelven a estrechar sus lazos. Esta vez es la Fiscalía Anticorrupción quien imputa a las expresidentas de la región, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, delitos de corrupción por su presunta implicación en la financiación ilegal del partido en Madrid.

Madrid

Las dos formaciones llevan a Anticorrupción a políticos y empresarios por los posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales.

Podemos e IU han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a casi una treintena de responsables políticos y empresariales por la Operación Chamartín. Entre los demandados están los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, dos alcaldes de la capital, como son Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, así como hasta ocho ministros de Fomento.

Ayuntamiento de Madrid

Los socialistas temen que Lozano siga los pasos de Ana Botella y recuerdan que trabajaba con Ignacio González cuando se vendieron 3.000 pisos del Ivima a Goldman Sachs.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, advierte que el nuevo consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, es un “esbirro de Ignacio González” y avisa de que viene a terminar el trabajo que inició Ana Botella cuando fue alcaldesa: “Liquidar” la empresa pública. Además, recalca que Lozano formaba parte del equipo de González cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas al fondo Azora-Goldman Sachs.

Vivienda

Familias de Torrejón se unen a las de Vallecas y Carabanchel y organizan su “resistencia” para que Fidere renueve sus alquileres con el IPC.

Vallecas, Carabanchel y ahora Torrejón de Ardoz. Cada vez más inquilinos de las viviendas públicas que Ignacio González y Ana Botella vendieron a fondos buitre se rebelan contra las subidas de alquileres que les trata de imponer su nuevo casero al considerarlas abusivas. El motivo: muchos de los vecinos accedieron a esas casas cuando pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) o al Ivima, y se les adjudicaron precisamente por su situación económica, por lo que no pueden pagar las nuevas rentas, con subidas de hasta el 80% que les exige ahora la socimi Fidere, perteneciente al fondo de inversión Blackstone.

Madrid

Las familias afectadas se concentrarán en Sol para pedir al futuro gobierno que no recurra el auto que declara nula la venta de viviendas públicas a Goldman Sanchs.

El próximo sábado, 29 de junio, las familias damnificadas por la venta de casi 3.000 pisos del Ivima a un fondo buitre se manifestarán ante la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, para demandar la restitución de sus derechos como moradoras de vivienda pública.

Los periódicos digitales

Un informe de la Guardia Civil recoge que el PP inyectó en su caja b más de un millón de euros de donaciones ilegales a Indra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el Partido Popular de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra. Los investigadores implican en la trama a Esperanza Aguirre y a sus hombres de confianza en el Gobierno regional, Ignacio González y Francisco Granados.

Ciudad de la Justicia

La Guardia Civil advierte a la Audiencia de unos correos entre Josep Piqué y Javier López Madrid que apuntan a un posible amaño de un contrato multimillonario.

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha trasladado a su homólogo en el juzgado 5, José de la Mata, dos cadenas de correos electrónico hallados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en el campus de la Ciudad de la Justicia en Madrid. Unos emails que apuntan al exministro Josep Piqué.

Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid coloca la operación “bajo sanción de invalidez”.

La venta de las cerca de 3.000 viviendas públicas del IVIMA a un fondo buitre en el año 2013, con Ignacio González al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue ilegal. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los periódicos digitales

Edmundo Rodríguez Sobrino asegura que ha entregado todo el dinero que recibió en concepto de comisiones por la compra de Emissao.

El exdirectivo del Canal de Isabel II en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado como el principal testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso Lezo, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional los 2,4 millones de euros (2.739.003 dólares) que ingresó de las presuntas comisiones pagadas por el empresario brasileño Sebastiao Cristovam por la compra de la empresa brasileña Emissao, según informa hoy vozpopuli.com.

Caso Lezo

El magistrado asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y propone juzgar a 22 personas y archiva la causa a 15 investigados.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar a un total de 22 personas por las posibles irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y archiva esta pieza del “caso Lezo” respecto de 15 personas, entre ellas el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

Los periódicos digitales

Azora, el fondo al que Ignacio Gónzález vendió casi 3.000 viviendas públicas, reparte 57 millones entre los seis miembros de su cúpula.

Azora, el fondo de inversión estadounidense controlado por Goldman Sachs, al que el Gobierno de Ignacio González (PP) vendió 2.935 viviendas del Ivima ha repartido pingües retribuciones entre sus seis directivos el año pasado y ha multiplicado por diez sus beneficios netos que han pasado de 12,7 millones de euros en 2017 a 120,5 millones en 2018, según informa hoy elindependiente.com.

Los periódicos digitales

La Fiscalía solicita al juez archivar las actuaciones contra Gallardón por la compra de Inassa a cargo del Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción registrará en las próximas horas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita el archivo de las actuaciones que se venían siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del caso Lezo relativa a la compra de Inassa a cargo del Canal de Isabel II, según ha adelantado el diario El Español.

Caso Lezo

La expresidenta madrileña asegura que “el PSOE lleva 30 años detrás” de ella tras la petición de los socialistas de que sea investigada por el ‘caso Lezo’.

El PSOE apunta a Esperanza Aguirre por la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. Los socialistas han solicitado al juez del ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, que investigue a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por este proyecto. Y la respuesta de la propia protagonista no se ha hecho esperar.

Caso Púnica

Un informe sitúa a la expresidenta madrileña en las reuniones en las que se acordaron favores con contratos públicos a una empresa que hizo campañas electorales al PP.

Esperanza Aguirre, implicada en la trama Púnica. Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario de este caso apunta que la expresidenta de la Comunidad de Madrid participó en reuniones de altos cargos de su Ejecutivo en las que presuntamente se acordó favorecer con contratos públicos a una empresa de publicidad que trabajó en sus campañas electorales de 2003 y 2007, según publica este viernes El País. Se trata de la primera vez que un documento policial señala a la que fuera 'lideresa' popular en amaños de la trama.