Caso de Banco Popular

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ella no intervino en el proceso que acabó con la compra del Banco Popular por el precio simbólico de un euro, y ha negado que recibiera presiones por parte del Ejecutivo para que el Santander acudiera al proceso de compra previo en 2017.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declara hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.

Un dictamen pericial presentado por los grandes fondos a la causa penal que investiga la resolución del Banco Popular concluye que, durante la ampliación de capital de 2016, existió una estrategia orientada a ocultar la financiación a clientes en la compra de acciones para asegurar de este modo el éxito de la operación e incrementar irregularmente la ratio de solvencia.

Segundo día de interrogatorio en la Audiencia Nacional de Emilio Saracho. El expresidente de Banco Popular ha defendido que la coincidencia entre la comunicación a la CNMV de la reexpresión de las cuentas con la filtración de la dimisión del consejero delegado Pedro Larena el 3 de abril de 2017 se debió a la “Ley de Murphy”, pues como la propia Comisión acredita en un informe que obra en la causa, no hubo una manipulación del mercado.

El expresidente de Banco Popular Emilio Saracho ha admitido que pudo haber filtraciones desde el consejo de administración sobre la situación financiera en la que se encontraba la entidad, si bien se ha desmarcado por completo de ellas, según publica Europa Press, que cita fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha pedido a un juzgado de Barcelona que suspenda su declaración como testigo en el juicio por la demanda de un accionista de la entidad, por ser una prueba “totalmente desproporcionada” que puede “vulnerar” su defensa en el caso penal.