Armas Bajo Control advierte que España corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional.
El hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez baraje dar marcha atrás en su anuncio de suspender la venta de bombas a Arabia Saudí para no poner en riesgo el contrato firmado con Navantia -por el que peligrarían unos 6.000 empleos de los astilleros gaditanos- provoca la indignación de Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón que han hecho llegar a la opinión pública a través de una carta abierta al Gobierno.
En su misiva estas ONG –impulsoras de la Campaña Armas Bajo control, reconocen ser “conscientes de la dramática situación de desempleo en la que se encuentran determinadas zonas de España y queremos recordar que es responsabilidad del Gobierno español y de las demás autoridades autonómicas y locales crear las condiciones para que haya alternativas laborales que no conlleven la posible comisión de crímenes de guerra ni tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos”. Apuntan que les sorprende, por otra parte, las noticias aparecidas en prensa sobre la negativa de la empresa Navantia a aceptar otros contratos ante una excesiva carga de trabajo.
En la carta, estas organizaciones recuerdan que el pasado lunes 3 de septiembre, el Ministerio de Defensa confirmó haber paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español a Arabia Saudí de un contrato firmado en el verano de 2015 entre el Ministerio de Defensa español y Arabia Saudí, una medida que dicen acogieron con gran satisfacción porque “está en consonancia con el cese de las exportaciones de armas recomendado por el informe de agosto de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Por lo que muestran su preocupación ante las noticias de que el Gobierno podría replantearse su anuncio debido al posible impacto que podrían tener sobre el contrato firmado en julio de este año entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas. Recordando al Ejecutivo que “se trata simplemente de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el comercio de armas español y las obligaciones derivadas del Tratado sobre Comercio de Armas ratificado por España en 2014, que prohíbe la exportación de armas cuando un Gobierno tiene conocimiento de que podrían ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.
Los integrantes de la campaña Armas Bajo Control se oponen a que se autorice el contrato de las corbetas a “dado que existe un riesgo sustancial de que se podrían utilizar para imponer un bloqueo marítimo que viola el derecho internacional humanitario que condena a la hambruna a Yemen o atacar a la población civil y cometer crímenes de guerra”.
Y reclaman que en el momento en que se presente la solicitud de autorización de esa operación y a la luz de toda la información disponible, esta no debería autorizarse a menos que haya una exhaustiva evaluación de riesgo del uso ilegítimo de esos barcos de guerra por parte de Arabia Saudí y garantías específicas verificables que certifiquen claramente que no se podrían utilizar para cometer violaciones graves del derecho internacional. “Si siguiese existiendo un riesgo sustancial de uso ilegítimo de las corbetas, la operación no debería autorizarse, de acuerdo con la normativa”
“Son muchas las vidas que están en juego y como sociedad civil nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra, avisan las ONG que denuncian que el hecho de “querer enfrentar a las víctimas de un conflicto con las víctimas de la precariedad laboral es obsceno”. “Solo la ceguera, el cortoplacismo y los intereses de aquellos que nos quieren obligar a elegir entre paro y muerte pueden sentirse satisfechos en los términos en los que se ha colocado el debate a día de hoy, en el que debe primar el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho internacional frente a cualquier otro argumento”, concluye la carta abierta.
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