La polémica en cuestión se remonta al anuncio de una prueba piloto de pagos para nuevos canguros, con más dinero para aquellas personas que se inscribieran a través de una agencia. En una de estas empresas, Koru Kids, figura como accionista la esposa de Sunak, Akshata Murty.
El jefe del Gobierno terminó dando cuenta de esta relación, pero después de ser interrogado al respecto durante una comparecencia en el Parlamento y de no dar cuenta de la misma.
El examen llevado a cabo por el responsable de vigilar el código de conducta en el Parlamento, Daniel Greenberg, concluye que efectivamente Sunak debería haber facilitado todos estos datos, pero exime al primer ministro de toda culpa por una omisión que considera «involuntaria».
Sunak, de hecho, ha aceptado estas conclusiones y ha pedido perdón en una carta a Greenberg, lo que permite dar por cerrado el caso. El investigador no elevará el caso a una comisión de la Cámara de los Comunes que, llegado el caso, habría podido adoptar medidas contra el ‘premier’.
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