El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. (Foto: X, antes Twitter, de Benjamin Netanyahu)
Ha sido a través de una pregunta parlamentaria para respuesta escrita donde recuerdan que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acudió a Kiev (Ucrania) acompañado de una delegación de 23 empresas españolas, entre las que se encontraban directivos de Acciona, Adif, CAF y Renfe.
Esta visita tenía como objetivo estudiar oportunidades de cooperación entre ambos países y se producía, según precisan desde Sumar, en un contexto de sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar o la economía rusa.
Este criterio se emplea en España también para rechazar el genocidio en Gaza con acciones como el cese de nuevos contratos de ventas de armas o el reconocimiento del Estado Palestino. Sin embargo, desde el grupo plurinacional consideran que actualmente “sigue habiendo” empresas españolas que se “lucran” con la ocupación de Palestina.
Ponen como ejemplo de ello a la empresa CAF, que aseguran que “gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en Territorio Ocupado” o la empresa SEMI, que según precisan está “implicada” en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, aunque no son las únicas. “España se convierte en el tercer país europeo con un mayor número de empresas que se han lucrado con actividades desarrolladas en estos territorios, solo por detrás de Alemania e Italia”, reprochan en la iniciativa recogida por Europa Press.
Por todo ello, desde Sumar urgen al Ejecutivo conocer en primer lugar, cuál fue el criterio para elegir a las empresas que acompañaron al ministro Cuerpo en la delegación.
También quieren saber si el Gobierno es “consciente” de que España “incumple” la directiva europea de diligencia cuando “premia y/o apoya” a empresas como las mencionadas que participan en proyectos para la “ilegal colonización” israelí y, al hilo de esta cuestión, aprovechan para cuestionar qué medidas se van a tomar desde el Ejecutivo para acabar con el apoyo o sancionar a estas empresas que se “lucran” con proyectos de apoyo a Israel e impedir que puedan formar parte de licitaciones, compras públicas y subvenciones.
En lo referente a la empresa CAF, los de Yolanda Díaz reclaman que los directivos y empleados de dicha empresa sean informados por el Ejecutivo de que la participación en los proyectos en territorio israelí suponen un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado y podrán ser perseguidos en los tribunales españoles.
Por último, piden conocer si desde el Ejecutivo se van a llevar a cabo los mecanismos necesarios para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en el proyecto mencionado.
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