La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España) (Foto: Diego Radamés - Europa Press)
Así lo han explicado fuentes del grupo plurinacional, para insistir en que el salario mínimo no debe tributar al IRPF para «no generar más presión sobre quienes menos ingresan» e ir a un sistema de impuestos de «carácter progresivo».
Con esta decisión, son ya tres iniciativas que se han registrado en el Congreso para revertir la postura de Hacienda, impulsadas por Sumar, Podemos y PP.
Esta mañana y evidenciando su enfado con el PSOE por anunciar de forma «unilateral» que el SMI iba a tributar, Sumar elevaba la presión ante Hacienda al anunciar que iba a registrar una ley para blindar la exención de tributación del salario mínimo.
En su propuesta legislativa, el socio minoritario del Gobierno expone que el reciente incremento del SMI, con efectos a 1 de enero de 2025, ha generado una «situación inédita», consistente en que «por primera vez, este salario mínimo queda sujeto a tributación».
«Esto implica que cientos de miles de trabajadores con ingresos mínimos verán reducida su renta disponible debido a las retenciones fiscales. Este hecho neutraliza en parte los beneficios de la subida del SMI e introduce un elemento de desigualdad dentro del sistema fiscal, ya que afecta a quienes cuentan con menor capacidad económica», recoge el texto elaborado por Sumar.
Además, deja patente que la decisión de Hacienda implica una «anomalía» con respecto a otros países de la UE como Francia o Bélgica, donde el salario mínimo está exento de tributación, y «compromete el objetivo de garantizar condiciones dignas para los trabajadores con menores ingresos».
«Resulta particularmente llamativo que mientras las rentas del trabajo en los tramos más bajos se ven afectadas por el IRPF, las rentas del capital disfrutan de una tributación significativamente menor», critica Sumar en su iniciativa.
El articulado de la proposición de ley contempla dos modificaciones normativas dirigidas a mitigar el impacto fiscal sobre los trabajadores con ingresos más bajos. En primer lugar, se introduce una reforma en la Ley que regula el IRPF, estableciendo una reducción en el rendimiento neto del trabajo para los contribuyentes cuyos ingresos sean iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o que no superen en más de 5.000 euros dicho umbral, una reducción que permite ajustar la carga tributaria «de manera progresiva y equitativa».
En segundo lugar, se modifica el reglamento del IRPF, adaptando las retenciones aplicadas por los pagadores a la nueva reducción fiscal, garantizando así que la aplicación del beneficio se refleje directamente en las nóminas de los trabajadores afectados. «Estas modificaciones aseguran que el incremento del SMI no implique una mayor presión fiscal sobre quienes cuentan con menor capacidad económica, reforzando la progresividad del sistema tributario», zanja el grupo parlamentario.
En el seno de Sumar y sus partidos aliados dan por seguro que el Ministerio de Hacienda no tendrá otra opción que rectificar su error, sobre todo por la presión de que hay una mayoría parlamentaria que está dispuesta a anular los planes del departamento que dirige María Jesús Montero.
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