La deuda pública, alimentada en buena parte por las políticas de compras de activos de los bancos centrales, empieza a encender todas las alarmas. El último aviso ha llegado de la mano de la OCDE, que en un reciente informe señala que los préstamos brutos de los gobiernos de los países desarrollados alcanzarán un récord en 2019 de 11 billones de dólares, por encima de los 10,9 billones del anterior techo, alcanzado en 2010 a raíz de la crisis financiera.
La institución que presidente Ángel Gurría, señala no obstante, que si bien las necesidades de financiación de los gobiernos tras la crisis financiera aumentaron en la mayoría de los países de la OCDE, el reciente aumento se limita a unos pocos países, “en particular a EEUU”.
En 2017, la nueva emisión de deuda de los gobiernos de la OCDE a los mercados había registrado el nivel más bajo desde 2008, una cifra de 1,3 billones de euros, pero el pasado 2018 volvió a dispararse -en 600.000 millones- hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares. Para 2019, se prevé que la nueva emisión supere los 2 billones de dólares.
Desde el inicio de la crisis financiera en 2007, la deuda pendiente de la OCDE en su conjunto se duplicó mientras que la ratio deuda/PIB aumentó del 49,5% al 72,6%. En ese sentido, el organismo internacional espera que en el año recién iniciado “la nueva emisión de deuda siga aumentando el nivel nominal de la deuda pendiente”. Sin embargo, la ratio que mide la relación entre esta deuda y el PIB se mantendrá invariable en este 72,6%, “debido principalmente al continuo crecimiento económico en la zona de la OCDE”.
En este escenario, “la salida gradual de la política monetaria no convencional”, es decir, las compras de activos de los bancos centrales, “tiene importantes implicaciones para las condiciones de la financiación soberana, principalmente a través de cambios en los tipos de interés”. Eso sí, “será inicialmente relativamente bajo en los países en los que las nuevas necesidades de financiación son limitadas y la proporción de deuda a tipo fijo con vencimiento a largo plazo es elevada”.
El informe de la OCDE refleja además que durante la última década, la composición de la financiación pública se ha inclinado hacia instrumentos de financiación a largo plazo a tipo fijo, “lo que ha dado lugar a carteras de deuda más resistentes”. En consecuencia, el plazo medio de vencimiento ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta alcanzar casi 8 años en 2018, “lo que implica una transmisión más lenta de las variaciones de los tipos de interés de mercado a los costes de los intereses de las administraciones públicas”.
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