Así lo ha explicado la investigadora principal de este trabajo, María José Castaño, quien ha planteado las dificultades que implica poder tener datos reales de la trata en España y en otros países del mundo, principalmente porque su detección está directamente relacionada con el delito y existen muchas víctimas ocultas.
Durante su intervención ha explicado que, las cifras oficiales del Ministerio del Interior señalan que en 2020 se detectaron 269 víctimas de este tipo de violencia, de las cuales el 54% son mujeres en contexto de prostitución, el 36% mujeres en contexto de explotación laboral –principalmente en la agricultura, el servicio doméstico y el comercio– y un 2% son menores. De estos, que en números son 6, la mitad, eran niñas.
Pero, las investigadoras han «depurado» estos datos tratando de sacar las cifras «ocultas» de esta violencia. Según han explicado, han puesto en marcha el modelo estadístico que usa la ONU y con el que han obtenido otros datos: que la población no observada de víctimas de trata de seres humanos en la Comunidad de Madrid en el periodo comprendido desde 2015 hasta 2019 es de 2.805 personas y que la población total de víctimas de trata de seres humanos en la Comunidad de Madrid para ese periodo de tiempo es de 3.780 personas.
«La conclusión es solo se ha detectado a una de cada cuatro víctimas de trata en la Comunidad de Madrid», ha declarado Castaño.
PIDEN UNIFICAR CONCEPTOS SOBRE LA TRATA
En este sentido, las expertas también destacan que, por cada mujer víctima de trata, 2,5 mujeres se queda sin observar; por cada menor víctima de esta violencia, otros 5,7 niños son víctimas ocultas; y por cada hombre víctima de trata no se contabiliza a 9,2 hombres en la misma situación.
«Este proceso nos ha puesto de manifiesto una serie de retos», ha reconocido la investigadora, quien ha hablado de la necesidad de «una regulación conjunta» que «unifique conceptos» sobre este tema y que permita una mejor recolección de los datos. Sin una buena información sobre la situación de estas víctimas, apunta el estudio, no se podrán prevenir, detectar y proteger a las víctimas de estas prácticas.
En este sentido, Castaño se ha referido a la propuesta que se realiza en el estudio de creación de una aplicación o herramienta tecnológica que ayude en algunos aspectos del proceso de protección de estas personas, así como en el acceso a sus derechos. También ha abogado por crear «espacios donde todos los agentes que intervienen» en esta materia puedan «reunirse y pensar» hacia dónde hay que ir y resolver los problemas concretos.
La responsable de Derechos de la Infancia y Proteccion en UNICEF España, Almudena Olaguibel, ha llamado, por su parte, a la puesta en marcha de «una regulación que busque identificar y proteger a las víctimas», además de «perseguir el delito de trata».
CONTRASTE ENTRE LOS DATOS
En su intervención se ha centrado más en esa cifra de 6 menos víctimas de trata en 2020, que ha contabilizado Interior, y que, a su juicio, «contrasta» con la declaración de las mujeres en contexto de prostitución que atiende la ONG APRAM y que determina que el 62% de estas mujeres comienzan a ser explotadas sexualmente en la infancia.
Tampoco coincide, según ha señalado Olaguibel , con las informaciones que se recogen en los medios de comunicación y que tienen que ver con menores tutelas explotadas sexualmente, o detenciones de mafias que prostituían a mujeres y niñas.
A su juicio, esto es consecuencia de que la detección de esta violencia está más relacionada con la persecución del delito, una situación que, ha insistido, hay que modificar.
