Este porcentaje encubre, según la asociación, «diferencias extremas». Así, destacan dos comunidades como País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 61,7% y el 59,6% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza; seguidas de Asturias y Cantabria, donde reciben estas rentas casi una de cada 6 personas bajo el umbral de la pobreza.
Del resto, sólo tres comunidades garantizan porcentajes superiores al 10%: se trata de Cataluña, Aragón y Baleares. Las RMI de las 10 comunidades restantes «ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%», denuncia la ADYGSS.
Ante estos datos, la asociación ha solicitado al Ministerio que simplifique los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y «cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias como se había comprometido, y recuperar los 1.000 millones que no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país».
Asimismo, reclaman a a las comunidades autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas «se orienten a la garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral».
COMUNIDAD DE MADRID, LA QUE MÁS REDUCE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han puesto el foco en «el descenso en el número de personas beneficiarias de la Comunidad de Madrid», donde en el año 2020, «el año de la mayor crisis social de los últimos años, se redujo en 12.471 personas las beneficiarias de Renta mínima». «Esto se une al descenso en 130 millones de euros la reducción del presupuesto de Madrid a esta prestación, haciendo caja con los presupuestos destinados a la atención de las personas más vulnerables», ha criticado el colectivo.
La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en España, a su juicio, una cuantía extremadamente baja y que ha bajado 2 puntos desde 2019, pasando del 17,1% al 15%, condicionado probablemente por la aparición del Ingreso Mínimo Vital.
La Comunidad Valenciana, con un 23,4%, es la comunidad autónoma cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le sigue Extremadura con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio. Por el contrario, dos comunidades tienen un porcentaje mínimo, por debajo del 10%: Murcia (9,3%) y Baleares (6,8%). Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a los perceptores garantizar su supervivencia, alerta la ADYGSS.
Según los últimos datos, 799.203 personas son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, mientras que a fin de 2020 percibían las rentas mínimas de las comunidades autónomas 795.861 personas. «Únicamente un 0,04% es lo que el ingreso mínimo vital habría mejorado la cobertura de las rentas mínimas de las comunidades autónomas», se lamantan las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
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