«En su redacción actual, el tan esperado proyecto de Ley de Movilidad Sostenible resulta decepcionante. De aprobarse sin cambios sustanciales, se habrá perdido una gran oportunidad para lograr conseguir un sistema multimodal de transporte, eficiente, descarbonizado, sostenible, justo e inclusivo en España», han manifestado.
Las organizaciones justifican que el proyecto habla de forma genérica de «alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire», pero sin especificar ni sectorizar dichos objetivos o hacer referencia a objetivos establecidos por otra norma o compromisos internacionales.
Otras leyes, como la de Cambio Climático y Transición Energética, o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sí establecen objetivos como la reducción de 23% de las emisiones hasta el año 2030 en comparación con las emisiones de 1990 o lograr una reducción de 27 millones de toneladas de CO2 en el transporte para 2030, lo que supondría una reducción del 33% de las emisiones en este sector. Sin embargo, la de Ley de Movilidad Sostenible no se incluye ninguna vinculación legislativa con estas otras normas.
Estas organizaciones critican que el Gobierno «no haya querido hacer un debate amplio sobre el contenido de un proyecto de ley de tan gran relevancia para la sociedad», y lamentan que la Mesa del Congreso haya decidido tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia y otorgando competencia legislativa plena a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es decir, evitando que se debata en sesión plenaria.
Las organizaciones firmantes están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles sus propuestas de enmiendas al texto del proyecto de ley, destacando el «incoherente fomento del uso de un combustible fósil como el gas natural en el transporte marítimo», «la falta de compromiso y ambición con la financiación del transporte público» o que no se establezca un ‘billete único’, es decir, una única tarjeta de transporte para todo el territorio estatal y para todos los modos de transporte público colectivo.
También resaltan que no se otorgue prioridad a la eficiencia energética, el «insuficiente planteamiento de los planes de movilidad sostenible al trabajo», el cambio modal de la aviación al ferrocarril o la ausencia de medidas para el medio rural
La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), ConBici, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Eco-union, Fundación Renovables, Promoció del Transport Públic (PTP), Nuevo Modelo Energético y Transport & Environment también han suscrito el comunicado.
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