Sindicatos policiales llevan a los tribunales la suspensión de vacunas en Cataluña y piden auxilio de Interior

El SUP ha anunciado que ha solicitado «medidas cautelares urgentes» en los tribunales para reanudar la vacunación de todos los policías en Cataluña suspendida sin justificación alguna por el Gobierno de esta comunidad. «Mientras el gobierno catalán ha vacunado a la totalidad de los 25.000 policías locales y autonómicos, en esa comunidad restan miles de policías nacionales sin vacunar, la inmensa mayoría», denuncian en un comunicado.

«Cataluña se salta la Estrategia de Vacunación covid-19 de ámbito nacional y sin justificación alguna decide que sólo vacunará en esa comunidad a los policías nacionales mayores de 60 años«, continúa el SUP, molesto como otras organizaciones por el calendario tras reanudarse la administración de las dosis de AstraZeneca.

El SUP ha recordado ante la Justicia que, «a pesar de su marginación», también forman parte del resto de grupos prioritarios que se han vacunando sin problemas en Cataluña durante esta fase de vacunación. De ahí que defiendan ante los tribunales «el incumplimiento manifiesto del principio de igualdad por parte de la Consellería de Salud de la Generalitat, que sólo vacuna a policías locales o autonómicos y niega ese mismo derecho a los policías nacionales».

El problema viene porque el Gobierno autorizó esta semana que AstraZeneca se suministre a personas de entre 55 y 65 años y los sindicatos denuncian que la Generalitat sólo inyecta las dosis a los mayores de 60. «La discriminación es doble si se tienen en cuenta que en resto del territorio nacional la vacunación de todos los policías nacionales continúa sea cual sea su edad», sostienen.

Queja conjunta de CEP y AEGC

CEP, sindicato de la Policía, y AEGC, asociación de la Guardia Civil, han reclamado a la Generalitat en un escrito conjunto que se mantenga la vacunación contra el covid-19 para policías y guardias civiles. «Con la salud no se juega», han avisado.

Critican el «cambio de las reglas de juego sanitarias» que afecta a 6.800 agentes de Policía y Guardia Civil en Cataluña y que figuran, según la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre los funcionarios con un elevado riesgo de contagio del coronavirus. «Es una decisión temeraria y carente de cualquier lógica», dicen sobre los cambios en el calendario.

Además las dos organizaciones insisten en la «opacidad más lamentable» de la Generalitat de Cataluña y lo relaciona con su estrategia judicial de acusar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diferentes procedimientos. «La sospecha es legítima», dicen.

Finalmente, CEP y AEGC solicitan al Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska la «inmediata adopción de medidas para revertir esta discriminación temeraria». «La lealtad institucional no puede ser un simple cliché discursivo y requiere compromisos inmediatos y verificables; es nuestro Gobierno, el central, quien debe exigir cuanto antes el cese de esta discriminación sanitaria intolerable», concluyen.

Y así seguirán si no lo evitamos, porque a partir de ahora en Cataluña pretenden vacunar solo a los policías mayores de 60 fiando al futuro la inmunización del resto de los compañeros. La discriminación es doble, además, si se tienen en cuenta que en resto del territorio nacional la vacunación de todos los policías nacionales continúa sea cual sea su edad.

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