Desde CSIF, su responsable de Educación, Mario Gutiérrez, ha resaltado que la ley supone una «dignificación» de la Formación Profesional, pero destaca una parte «negativa» del proyecto, que es que «se especializa demasiado en la empresa, obviando esa parte formal, teórica, en centros y necesaria para una mayor adaptabilidad de los alumnos en el futuro del empleo en la rama de la FP que están estudiando».
Mientras, CCOO sostiene que la ley habría tenido «margen de mejora» si se hubieran incorporado las enmiendas relacionadas con los derechos del alumnado, el profesorado y los trabajadores de las empresas donde se realizan las estancias formativas, y con la modificación de algunos apartados que desplazan la formación del centro educativo a la empresa sin las mismas garantías formativas.
Por parte de los centros, Luis García, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional (FPEmpresa), valora positivamente la nueva Ley, ya que entiende que «puede ayudar a reforzar e integrar los subsistemas de FP, los iniciales de educación como de empleo».
También es importante, en su opinión, la relevancia que se le da a la acreditación laboral de las competencias, así como el concepto de FP dual, que permitirá una «mayor participación de las empresas». «Esperamos que los desarrollos normativos apoyen esta formación y que haya una fuerte inversión económica para poder llevar a cabo las intenciones de la ley», ha señalado.
No obstante, la Asociación RED de Profesorado Técnico de Formación Profesional (RED-PT-FP) se opone a esta nueva ley. «Nace sin el consenso necesario de una gran parte de su profesorado, del sindicato con la mayor representatividad del sector educativo, ni del sindicato de estudiantes, ni de la totalidad de los partidos políticos», exponen.
También desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se valora positivamente el texto, ya que, según señala su director de Educación y Formación, Juan Carlos Tejeda, recoge «propuestas que históricamente se vienen trasladando desde el ámbito empresarial para acercar aún más la FP a las necesidades del tejido productivo, como son una mayor participación de los interlocutores sociales en su Gobernanza estratégica y ejecutiva del sistema; el impulso del carácter dual de la FP; o la vinculación de los centros de formación con las empresas».
Tejeda también celebra que se recogen otras cuestiones como son el impulso a las microformaciones mediante acreditaciones parciales; la revisión del actual modelo de orientación profesional; la promoción de la innovación y el emprendimiento en esta modalidad formativa; su internacionalización e interrelación con el sistema universitario; el impulso del bilingüismo y de las dobles titulaciones; o la mejora de la colaboración público-privada.
No obstante, asegura que hay cuestiones que «no quedan adecuadamente resueltas por la norma», como son la integración de la FP en un único sistema o el carácter dual que tendrá toda la FP. En el caso de la obligatoriedad de concretar la relación entre la persona en formación y la empresa únicamente mediante un contrato laboral de formación en la FP intensiva, dificultará la incorporación de empresas y Administraciones a esta modalidad dual.
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